Contratistas federales violan leyes laborales en EEUU
La responsabilidad sobre cambios en el sistema cae en los hombros del único hispano en el gabinete de Barack Obama, Thomas Pérez
Pérez fue confirmado por el Senado en julio pasado. Crédito: EFE
Houston-. Un nuevo reporte del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado difundió un reporte este miércoles donde reveló que compañías que han recibido contratos millonarios del gobierno han violado repetidamente leyes laborales. El documento pide cambios inmediatos al Secretario del Trabajo Thomas Pérez.
El informe titulado “Actuar responsablemente” mostró que un 30% de las compañías que reciben las penas más altas por violaciones a la ley del trabajo operan como contratistas federales. Las 49 firmas responsables de las mayores transgresiones ganaron $81,000 millones de dólares en 2012 y pagaron $196 millones en multas al Departamento del Trabajo.
Entre las compañías con violaciones repetidas se destacaron a Verizon Communications, Bridgford Foods Corp, Cenex Harvest States, Johnson Controls, Inc., Tyson Foods, Bartlett and Company y Blackstone Group LP (Sea World of Florida).
Entre las empresas que debieron devolver mayores sumas por sueldos atrasados y que tienen contratos federales figuraron AT&T Inc., Hewlett-Packard Company, Nestlé S.A., entre otras.
“Estos contratistas no sólo están violando las leyes laborales en repetidas ocasiones, pero el sistema de contratos federal no tiene herramientas confiables para asegurarse que estas violaciones sean consideradas antes de asignar un contrato”, explicó el senador Tom Harkin, presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. “Necesitamos un sistema efectivo para responder a este problema”, agregó.
La responsabilidad cae sobre los hombres del único hispano en el gabinete del Presidente Barack Obama, Thomas Pérez. Consultados al respecto, el Departamento del Trabajo no realizó comentarios sobre el reporte.
El documento contiene una lista de recomendaciones para mejorar el sistema actual y sugiere acciones administrativas que pueden ejecutarse a través del Departamento del Trabajo y la Administración de Servicios del Gobierno, además de órdenes ejecutivas por parte de la Casa Blanca.
