Senado mexicano aprueba amplia reforma política

Permite reelegir funcionarios públicos por un máximo de 12 años

El proyecto de ley de reforma política que gestionaron varias comisiones de legisladores, fue aprobado por el Senado de México.

El proyecto de ley de reforma política que gestionaron varias comisiones de legisladores, fue aprobado por el Senado de México. Crédito: Notimex

MÉXICO.- El Senado de México aprobó la noche del viernes el intento de reforma política más drástico en las últimas décadas, pues permitiría la reelección de los funcionarios públicos, crearía un nuevo sistema de supervisión electoral e independizaría a la Procuraduría General de la República del poder ejecutivo.

La reforma política es la reforma más reciente aprobada por el poder legislativo mexicano, que en las últimas semanas aprobó un paquete de reformas propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto con el que se busca impulsar el crecimiento económico mediante el aumento de la competencia en las telecomunicaciones y la banca, poner fin al monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos, así como mejorar la calidad de la educación pública.

La nueva reforma busca relajar la férrea prohibición en México sobre la reelección de funcionarios públicos, lo que les permitirá permanecer en sus cargos por un máximo de 12 años. También permitiría que los candidatos independientes compitan por cargos públicos.

La reforma política aún limita a los presidentes y los gobernadores estatales a un solo mandato de seis años.

El paso final para la reforma política, que fue aprobada por la Cámara de Diputados días atrás, será la aprobación de las legislaturas de al menos 17 de los 31 estados de México, pues busca modificar la constitución mexicana.

La reelección se permitiría a partir de 2018. México prohibió la reelección en 1933, luego de una revolución que derrocó a Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder durante 35 años.

El proyecto de ley también autoriza al Instituto Federal Electoral de México, que cambiará su nombre por el de Instituto Nacional Electoral, para que designe al presidente y los miembros de cada uno de los institutos electorales de los 32 estados. En la actualidad ellos son nombrados por sus respectivos congresos estatales.

La mayoría de los 32 estados mexicanos están gobernados por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los líderes de la oposición aseguran que los gobernadores tienen demasiada influencia en los congresos locales, y por lo tanto en las autoridades electorales.

El permitir la reelección de legisladores y alcaldes daría a los jefes de partido menor control sobre los futuros de los políticos. Dejar que los candidatos independientes compitan por cargos de elección popular erosionaría el control de los partidos sobre las elecciones, según los defensores de la reforma.

Los senadores también aprobaron darle autonomía a la Procuraduría General de la República y hacer obligatorio que el Senado apruebe el candidato a procurador propuesto por el presidente, una modificación que busca evitar que esa institución sea utilizada políticamente en la persecución de delitos.

El plan también exige a los partidos pequeños que consigan por lo menos el 3% de los votos para tener derecho a la financiación pública, frente al actual 2%.

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