Armas sospechosas

SAN SALVADOR.— Un arma de fuego es como un libro, afirma Harry Peñate, agregado regional para Centroamérica de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos. Y en Centroamérica, decenas de miles de estos “libros” tienen largas historias que contar.

Peñate dirige un programa que ofrece entrenamiento y recursos a los departamentos de policía de El Salvador y Centroamérica para que puedan rastrear los orígenes y el historial del profuso arsenal que nutre la violencia en el istmo.

El rol del gobierno estadounidense en la estrategia de rastreo en la región es inseparable del origen mismo de la mayoría de las armas que circulan aquí. El 60% de las que han podido ser examinadas —más de 300 mil según reveló la prensa local recientemente— proceden de los Estados Unidos, informó Peñate.

El corazón del programa de entrenamiento es el sistema eTrace, que brinda a los expertos balísticos de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía, herramientas para rastrear el historial de un arma a través de Internet. Recientemente el programa fue modificado para que pueda ser usado por personal hispanoparlante.

El cruce de información entre Estados Unidos y los países centroamericanos ha desvelado, entre otras cosas, la existencia de una red de “prestanombres” en países como El Salvador, Honduras y Guatemala que compran armas para el bajo mundo.

“A lo mejor compran una o dos armas y después dicen que se las robaron… pero cada vez que usted compra dos o tres armas y se la roban, y le pasa cinco o seis veces, esa persona es un prestanombres”, señala Peñate.

En los Estados Unidos otros prestanombres adquieren armas de fuego –una modalidad que en inglés se denomina straw purchasing–, para luego introducirlas en los países centroamericanos de manera furtiva.

Un informe del Centro Woodrow Wilson divulgado este año destaca, citando datos de la ATF centrados en Guatemala, que los estados donde más se surten los traficantes, en ese orden, son Texas, California y Florida. El autor del estudio, Coby Goodman, agrega que estas redes mueven su carga a Centroamérica –por mar y por tierra– valiéndose de empresas de transporte poco conocidas.

Según Goodman, el crimen organizado y “criminales comunes de El Salvador, Guatemala y Honduras” adquieren la mercancía en armerías y en bazares de armas –gun shows– en los Estados Unidos.

La mayor parte de las armas son trasegadas al llamado “triángulo norte”, un vértice hiperviolento que forman los tres países.

Algunas personas, reveló Penate, introducen ese material oculto en el equipaje cuando arriban a El Salvador. La Opinión intentó abordar a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el tema, pero sus representantes no estuvieron disponibles antes del cierre de esta nota.

El marcaje de armas a través del Sistema de Identificación Balística Integrado (IBIS), un superarchivo de “huellas dactilares” al que ya tienen acceso las Policías de la región, también ha puesto en evidencia una especie de rueda de caballitos: las mismas armas que matan en Honduras, matan en El Salvador.

“Lo que estamos viendo es que las pandillas usan poquitas armas, pero esas poquitas armas son las que causan la mayoría de los crímenes. Los sicarios usan las mismas armas”, afirma Peñate, quien aboga porque todas las que adquiere El Salvador legalmente –sea para el Gobierno, las empresas de seguridad o los particulares– queden registradas en el sistema IBIS.

La Policía calcula que hay 200 mil armas en manos de civiles en este país, pero un estudio llevado a cabo en 2003 por la Universidad Centroamericana (UCA) y la Federación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (FESPAD), estimó que circulan no menos de 450 mil. De estas, dice el informe, sólo el 40% están debidamente registradas; el resto, casi 300 mil escapan al control de las autoridades.

Y también está las armas que son residuo de los conflictos en el istmo. Recientemente se descubrió una bodega clandestina con más de 200 proyectiles para lanzagranadas M-90. Según EEUU, estas fueron fabricadas en Corea del Sur entre 1992 y 1997 (años después de terminado el conflicto). No sé sabe como llegaron aquí, y para quién.

Por otro lado, explica Penate, la propia Justicia estadounidense también se ha beneficiado de la información que aporta el programa eTrace en Centroamérica.

“Hemos tenidos casos en que hay personas bajo investigación que están esperando su sentencia [en EEUU], y aparece que han siete armas más que compró este tipo que están en Guatemala, en Honduras y El Salvador. Entonces usamos eso para informarle al fiscal de Estados Unidos y para darle una condena más grande”.