Rastreo de placas de autos aplasta la confianza en EEUU
Grupos de derechos civiles critican que el Departamento de Seguridad Nacional pretendiera rastrear las placas de vehículos conducidos por indocumentados
Washington – El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, canceló un controvertido plan que, de la mano del sector privado, hubiese rastreado las placas de los vehículos, pero el asunto ha reanimado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la protección de la vida privada en EEUU.
Johnson, que este jueves visitará las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Los Angeles y otras instalaciones de seguridad federales, ordenó una revisión de la propuesta original, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El plan, revelado el miércoles por el diario The Washington Post, dependería de las compañías privadas para construir una base de datos de los lectores electrónicos de placas de vehículos para uso comercial o policial.
La idea, según el diario, era que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) usara esos datos para rastrear a indocumentados fugitivos y para ayudar en investigaciones criminales.
La cancelación del plan fue elogiada por líderes del Congreso y grupos cívicos, pero la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), aún tiene sus dudas.
En una declaración escrita, una abogada de ACLU, Catherine Crump, advirtió de que el DHS “ha accedido a bases de datos de lectores de placas en el pasado, y no está claro que no seguirá haciéndolo” en el futuro.
“También es un problema que muchas otras agencias policiales en todo el país ya han obtenido acceso sin el debido escrutinio público o sin poner en marcha restricciones significativas” para proteger la vida privada de las personas, señaló Crump.
“El gobierno no debería estar accediendo a grandes cantidades de datos que catalogan los desplazamientos de los estadounidenses sin protecciones rigurosas para asegurar que no se abuse esta poderosa herramienta”, puntualizó Crump.
Un documento obtenido por la ACLU bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), indicó que ICE utilizó en 2012 datos de los lectores de placa, de la compañía Vigilant Solutions, como parte de una prueba de un sistema comercial, para localizar a inmigrantes fugitivos.
En la actualidad, las compañías privadas y agencias policiales en grandes áreas metropolitanas como Los Angeles y Nueva York, ya utilizan los lectores de placas electrónicos en tareas de seguridad.
Estos lectores incluyen cámaras con lentes infrarrojos y suelen colocarse en vehículos policiales, semáforos o en cabinas de peaje en las carreteras. Estos lectores toman fotografías de las placas y también graban la hora, fecha y lugar en que fueron tomadas.
Pero el uso de esa tecnología y de dispositivos electrónicos con GPS capaces de rastrear todos los movimientos del usuario supone un reto para las autoridades, en un país que se precia de proteger la vida privada de las personas.
Para el grupo Electronic Frontier Foundation (EFF), con sede en San Francisco y que defiende los derechos civiles en la era digital, el problema fundamental es la falta de mecanismos para evitar abusos de este tipo de tecnologías.
El peligro es que los datos recopilados por estos lectores puedan usarse junto a otros datos para el escrutinio indebido de las actividades de las personas en los templos, bares, consultorios médicos, protestas, y otros sitios públicos, según Jennifer Lynch, de EFF.
La clave, según activistas, es que, si finalmente se crea una base de datos nacional con los lectores de placas, el DHS demuestre una mayor transparencia y ponga en marcha mecanismos que restrinjan la recopilación, acceso, almacenaje e intercambio de esos datos.
