Pago de horas extras beneficiaría a miles de hispanos

El presidente Barack Obama ordenó este jueves ampliar el número de empleados asalariados con derecho a pago por horas extra

La medida presidencial beneficiará principalmente a gerentes de establecimientos de comida rápida o pequeñas tiendas.

La medida presidencial beneficiará principalmente a gerentes de establecimientos de comida rápida o pequeñas tiendas. Crédito: Getty

Washington – Millones de empleados asalariados, entre éstos miles de latinos, podrían beneficiarse de la medida que anuncó este jueves el presidente Barack Obama para exigir que las empresas les paguen por el trabajo de horas extra.

La medida ejecutiva, aplaudida por grupos progresistas y rechazada por el empresariado, forma parte de la campaña de Obama contra la desigualdad salarial y en defensa de la estrujada clase media.

La orden ejecutiva, además, está pensada para revitalizar a la base del Partido Demócrata, de cara a los comicios del próximo 4 de noviembre.

En concreto, el Departamento de Trabajo tendrá que hacer un análisis económico y modificar un reglamento de una ley laboral de 1938 que establece las categorías de empleados exentos del pago de horas extra.

En la actualidad, solo los que ganan menos de $455 semanales pueden cobrar horas extra, aunque en California y Nueva York, esas cantidades son de $640 y $600, respectivamente.

Aunque la Casa Blanca dice que la medida beneficiará a “millones de trabajadores” de cuello blanco, la cifra exacta de cuántos y quiénes no se sabrá hasta septiembre u octubre, cuando se divulgue el nuevo reglamento laboral.

La Casa Blanca no tiene datos específicos sobre los latinos, pero ha puesto como ejemplo de los beneficiados a gerentes de pequeñas tiendas, supervisores en establecimientos de comida rápida, y oficinistas.

Los partidarios de la medida aseguran que con ésta los trabajadores tendrán más dinero para el consumo y así estimularán la economía.

“Nadie cree que es justo trabajar 60 horas semanales y que solo te paguen por 40, por eso confío en que esta medida será popular, como lo fue en 2004 bajo la Administración Bush, cuando se modificó por última vez el reglamento”, dijo a La Opinión Ross Einseberry, economista del Instituto de Política Económica (EPI) en Washington.

“Muchos negocios están felices de no tener que pagar por horas extra, pero esto no es un ataque contra ellos, es más bien un reequilibrio. Si las empresas no quieren pagar horas extra, tendrán que contratar más empleados… sin trabajar horas extra, los empleados tendrán más tiempo para sus familias”, agregó.

La oficina del Censo ofrece una radiografía de los trabajadores latinos que podrían beneficiarse de la reclasificación de los empleados con derecho a pago de tiempo y medio por horas extra.

Según el Censo, entre los latinos en la fuerza laboral civil, 428,612 hombres y 303,658 mujeres ganan entre $22,500 y $24,999. El número de latinos que ganan entre $25,000 y $49,999, totaliza 5,824,533.

En la actualidad, los empleados “ejecutivos, administrativos y profesionales”, que ganan un mínimo de alrededor de $24,000 anuales, están exentos del pago de horas extra.

Según analistas, el problema es que muchas empresas colocan indebidamente en esa categoría a miles de empleados para no pagarles horas extra.

El cambio no requiere la intervención del Congreso -como sucede en el caso de aumentar el salario mínimo- porque la ley de 1938 autoriza al Departamento de Trabajo modificar el reglamento sobre horas extra.

Tanto los legisladores republicanos, ya molestos por las órdenes ejecutivas de Obama, como el empresariado, insisten en que la directriz aumentará los costos laborales, perjudicará la creación de empleos y hasta podría ocasionar despidos.

Marc Freedman, encargado de políticas laborales en la Cámara de Comercio de EEUU, cree que la medida “obligará a las empresas a buscar formas de cubrir el incremento en los costos” laborales, y perjudicará a la pequeña y mediana empresa.

Por su parte, David French, de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), afirmó que la medida “contraviene la creación de empleos”, tiene motivaciones políticas y “no hay pruebas de que se requiera desesperadamente ahora”.

Maria.pena@impremedia.com

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