AI denuncia casos de tortura en Venezuela en duro informe

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre “una espiral de violencia” en Venezuela, donde casi dos meses de protestas dejaron cerca de 40 muertos, en un informe con denuncias de casos de torturas desde que comenzó la ola de protestas en febrero pasado.

“O los derechos humanos se ponen al frente de la agenda política en Venezuela, o Venezuela corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia”, afirmó Esteban Beltrán, director la sección española de AI.

Si la tendencia no se revierte, el país gobernado por Nicolás Maduro se verá confrontado a “un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos“, como violencia policial, acoso a periodistas o detenciones arbitrarias, sostiene el informe presentado el lunes en Madrid, titulado: “Venezuela. Los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas”.

El informe relata, entre otros, los casos del estudiante Génesis Carmona, de 22 años, muerta el 18 de febrero, supuestamente baleado por “un grupo armado pro gobierno”, o el del guardia nacional Giovanny José Pantoja Hernández, por tiros de “personas no identificadas”.

Según el informe, desde el inicio de las protestas, han muerto al menos 37 personas y 559 han resultado heridas, 120 de ellas por armas de fuego, mientras que han sido arrestadas 2153 personas en 49 días, de los cuales 168 siguen en prisión. El balance del gobierno venezolano es de 39 muertos.

El reporte incluyó cifras que la Fiscalía venezolana le aportó a Amnistía sobre denuncias de abusos hasta el jueves pasado y que suman 81, como también varios testimonios de los presuntos abusos.

Las violaciones de derechos humanos recogidas en el informe de AI abarcan desde el uso excesivo de la fuerza durante las protestas por parte de agentes, hasta “torturas y tratos degradantes”, o ataques contra periodistas y medios de comunicación.

La ONG ha recibido decenas de denuncias de “torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes” contra los opositores de parte de oficiales de las fuerzas del orden como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Las vejaciones se han dado tanto en el momento del arresto, en el traslado a los centros de detenciones y en estos sitios, según el informe, que contiene historias y fotografías de manifestantes golpeados.

La organización está especialmente “preocupada por el uso de armas de fuego contra manifestantes”, indicó Nuria García, investigadora de AI.

García denunció la existencia de grupos armados progubernamentales que han “empleado la violencia para atacar a manifestantes durante las protestas, muchas veces ante la presencia de las fuerzas del orden, sin que estas intervinieran”.

En el reporte aparecen testimonios de víctimas y familiares de víctimas cuyos derechos humanos fueron violados durante las manifestaciones o durante su detención.

Entre ellos, está el de Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, que fue arrestado el pasado 21 de febrero cuando participaba en una protesta en Maracaibo. “Al ser detenido, lo primero que recibí fue golpes y patadas en la cara y las costilla, cachazos en la frente. Les decía que me dejaran y me insultaban: ´Cállate maldito, cállate, cállate hijo de puta´”.

Agregó que fue trasladado en moto hasta un vehículo blindado donde fue golpeado. “El piloto de la tanqueta (blindado) me dio latigazos con una especie de cuero en el hombro izquierdo, unas seis veces. El copiloto daba media vuelta y me daba golpes con la escopeta en la frente”.

La ONG asegura en su informe que “los tratos crueles infringidos a los detenidos parecerían tener como objeto castigarlos por su participación, o supuesta participación en las protestas”.

Entre las denuncias recibidas, se incluyen casos de palizas con puños, patadas y objetos contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se encontraba restringida en el suelo en el momento de la detención. Asimismo, hay casos de jóvenes que han sido obligados a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención, abusos sexuales o amenazas de violación.

AI insiste en que exista un Plan Nacional de Derechos Humanos, que especifique cómo el Estado va a proteger los derechos humanos de los venezolanos, y que “debe ser resultado de un diálogo nacional en el que se incluyan los puntos de vista de todas las partes involucradas”, según la ONG.

Amnistía Internacional propone que el plan incida en el control de armamento en el país debido al “alto número de armas ilegales que circulan; muchas de ellas en manos de grupos armados pro gobierno“.

También se pide un fortalecimiento del sistema judicial y que “se proteja el derecho de todos los detenidos al debido proceso”, además de un mayor compromiso contra la tortura, pues el informe relata varios casos de malos tratos hacia detenidos.

AI pide además a Venezuela que revoque su denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos, en vigor desde septiembre de 2013, y que así regrese a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.