Beneficios de clemencia en penas carcelarias en duda
Alto costo y hacinamiento aquejan a sistema carcelario federal, y activistas urgen reformas
WASHINGTON.- Al ayudar a presos que purgan sentencias desproporcionadas por delitos menores, la abogada Mary Price avanza en terreno incierto ahora que unos 18,000 presos federales han recurrido ya a un nuevo programa de “clemencia” que les permitiría salir más pronto de la cárcel.
En entrevista con La Opinión, Price aseguró este miércoles que, debido a múltiples factores y estrictos requisitos, es difícil predecir cuántos presos se beneficiarán del programa federal, pero lo más probable es que sea un grupo reducido.
“El principal factor desconocido es cuántas de las peticiones que sí reúnen los requisitos recibirán clemencia por parte del presidente Obama”, señaló Price, abogada del grupo Familias contra Sentencias Mínimas Obligatorias (FAMM, en inglés).
Su grupo forma parte de la coalición “Clemency Project 2014” que exige reformas al sistema de justicia criminal, y está ayudando a evaluar las peticiones de clemencia.
En la actualidad, hay unos 219,000 presos en prisiones federales, de los cuales 100,888 purgan penas por delitos relacionados con las drogas. De éstos, hasta 51,145 serían elegibles para una reducción de sus sentencias, según FAMM.
El Departamento de Justicia divulgó en abril pasado nuevas guías para evaluar las sentencias de reos condenados por delitos menores, con miras a resolver los problemas presupuestarios y de hacinamiento en las cárceles federales.
Aunque la población carcelaria aumentó de 157,000 en 2001, cuando el sistema tenía un presupuesto de $21,500 millones, a 219,000 ahora, el presupuesto actual es de $25,500 millones.
Los presos que podrían recibir clemencia tienen que estar purgando una sentencia federal y llevar al menos diez años en prisión, pero no pueden estar vinculados con el crimen organizado, pandillas y narcotraficantes, ni tener un historial de violencia. También deben mostrar buena conducta y no tener condenas previas de gran consideración.
La Oficina de Perdones decidirá cuáles y cuántas de las solicitudes se destinarán al Despacho Oval en la Casa Blanca. Pero esa oficina no da abasto con las miles de solicitudes de perdones o conmutación de sentencias, rezagadas por escasez de personal.
Los detractores del programa, en su mayoría republicanos, bloquearon la semana pasada fondos para la contratación de más abogados para esa entidad, molestos porque creen que la Administración Obama está premiando a narcotraficantes con una clemencia inmerecida.
Pero activistas como Price, que incluso ofrecen sus servicios de forma gratuita, esperan que el programa sea el principio del fin del encarcelamiento masivo en EEUU.
Según la Oficina Federal de Prisiones, hay 75,381 latinos en las cárceles federales, o 34,9% de la población penal, en comparación con 80,349 negros, o 37,1%. Los blancos totalizan 128,608, ó 59,5%.
Del total de 22,846 presos condenados por drogas, el 47,9% son latinos, seguidos por los negros, con 26,5%, y blancos, con el 22,4%.
En los pasillos del Congreso, donde pocos temas escapan de la politización, no avanza una ley para reformar el sistema de castigos.
Para los reformistas, el tráfico de drogas es un problema grave en EEUU que no se ha corregido en los últimos 30 años aún con sentencias más severas para quienes las venden o consumen. Texas y decenas de otros estados experimentan con reformas que han logrado reducir la tasa de criminalidad.
“Hay reos con sentencias que promedian 125 meses de cárcel, lo que ha agravado en un 35% el hacinamiento en las cárceles. Para un cambio duradero, tenemos que cambiar las leyes que ponen tras las rejas a la gente por períodos obscenos, con poca razón y muchas veces en base a fallidas evaluaciones de culpabilidad”, advirtió Price, al reprochar un sistema que permite injusticias.
