Editorial: la Corte Suprema y los intermediarios de armas

La Suprema Corte da un golpe a la legalidad del tráfico de armas

No es lo mismo comprar leche en el supermercado para la casa que adquirir un arma legalmente, diciendo que es para uso propio cuando en realidad es para otra persona. La diferencia es muy clara.

Lo es, excepto para cuatro de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Por fortuna, el sentido común prevaleció este lunes en los otros cinco magistrados que pudieron ver más allá de las anteojeras ideológicas de invocar la Segunda Enmienda y la distorsionada interpretación que hacen del derecho a portar armas. Los jueces reconocieron la importancia del caso que podía haber abierto las puertas al tráfico de armas generalizado.

Se trataba de un individuo que compró un revólver y declaró en documentos federales —diseñados por el gobierno para saber quién compra armas— que era para él, cuando en realidad era para un tío. ¿Es legal?

La mayoría de los magistrados respaldaron la opinión de la jueza Elena Kagan que mentir durante una compra legal de arma sobre quién será el propietario del revólver elude el propósito de la ley, cuya intención es crear una huella para que se pueda seguir el rumbo del arma.

En cambio, el juez Antonin Scalia argumentó en su disenso la teoría de la leche. No interesa quién la compra, escribió. Según esta lógica, se permitiría la adquisición de armamento por parte de intermediarios que mienten sobre el destino de las armas.

En este caso sobrino y tío podían comprarlas, pero en la práctica es imposible para el vendedor determinar si la persona que al final recibe el arma es un inocente familiar, un delincuente o el narcotráfico mexicano.

Lo asombroso del fallo de los cuatro jueces conservadores es el desprecio que expresaron a las leyes federales que tratan de vigilar —ya que no puede controlar— la compra y venta de armas, al igual que su tácita aceptación del tráfico de armas, incluso donde se miente al gobierno federal.

De por sí, ya es difícil comprender las raíces histórico-culturales que establecen en esta sociedad el derecho a portar armas, cuando los asesinatos y matanzas son una noticia diaria.

Más difícil aún es aceptar que estos cuatro jueces de la Suprema Corte acepten el tráfico de armas en desafío a una modesta ley federal. Lo bueno es que no fueron mayoría y que la adquisición de un fusil semiautomático sigue siendo algo muy distinto a comprar un galón de leche.

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