Elaborarán ‘plan de acción agresivo’ para combatir la migración ilegal

Reporte especial Niños migrantes: Obama y los tres presidentes del triángulo del norte llegaron al acuerdo de crear un plan para combatir la migración ilegal

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Washington.- Con apretones de mano, sonrisas, y buenas intenciones, el presidente Barack Obama y sus homólogos de El Salvador, Guatemala, y Honduras se comprometieron a resolver juntos la crisis en la frontera sur. Los fondos para hacerlo, sin embargo, siguen atascados en el Congreso.

Obama y los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández se reunieron este viernes durante más de una hora en el Despacho Oval para buscar una salida a la crisis por la emigración ilegal a EEUU de más de 57,000 niños centroamericanos desde octubre pasado.

Aunque el flujo de niños no acompañados se ha reducido de un torrencial a un goteo en las últimas semanas –en un 50% en junio pasado– Obama enfatizó que una de sus prioridades es lograr la repatriación ordenada y segura de la mayoría de los menores que no tienen casos válidos para quedarse en EEUU.

La mayoría de los niños y famiias “serán sujetos a la repatriación a sus países”, advirtió Obama.

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Aunque se mostró abierto a la idea de establecer un programa piloto en el que los hondureños, por ejemplo, puedan solicitar refugio sin salir de su país, Obama señaló que los criterios para ese beneficio son muy estrictos, y EEUU no podría “acomodar a un gran número de refugiados”.

No se otorga, dijo, “”solo en base a una necesidad económica o porque una familia vive en un mal vecindario” o la pobreza.

El hilo conductor del encuentro, destacado en una declaración conjunta, fue que esta crisis humanitaria es una “responsabilidad compartida”.

EEUU se compromete a respetar el debido proceso de los menores, y los países centroamericanos a frenar la emigración ilegal de niños y familias por peligrosos senderos hacia este país.

Los centroamericanos se regresan a sus países con la tarea de combatir a las redes de traficantes que explotan a poblaciones vulnerables y, con la ayuda de EEUU, elaborarán un “plan de acción agresivo” para atacar las raíces de la migración ilegal.

Si, por presiones políticas en casa, a Obama le urge agilizar las repatriaciones, los mandatarios centroamericanos enfatizaron también la necesidad de que EEUU ayude más con medidas a mediano y largo plazo para fomentar oportunidades económicas.

Pero, a pocas cuadras de la Casa Blanca, los líderes del Congreso continúan enzarzados en una dura batalla sobre el futuro de los $3,700 millones que solicitó Obama, que incluye $300 millones para que los países del “triángulo del Norte” –El Salvador, Guatemala y Honduras- puedan combatir la violencia y la pobreza.

Esos fondos ayudarán a designar más jueces de Inmigración, reforzar la seguridad fronteriza y asistencia económica para Centroamérica.

“Es mi esperanza que (el Congreso) no se vaya de la ciudad por sus vacaciones del mes de agosto sin hacer algo para resolver este problema”, dijo Obama. “Necesitamos acción y menos palabras”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes salieron de una reunión a puerta cerrada sin visos de solución al atolladero por los fondos, que ellos buscan reducir y condicionar.

La idea, si logran consenso este fin de semana, es presentar un plan definitivo el martes próximo.

El Senado, bajo control demócrata, ha elaborado su propio proyecto de ley, que tendría que ser armonizado con el que salga de la Cámara Baja.

Ante ataques de los conservadores por el costo de la crisis, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, ordenó hoy fondos adicionales para operaciones de seguridad de las agencias policiales en el Valle del Río Grande.

La mayor parte de los fondos, que no fueron desglosados, irá a la “Operación Stonegarden” en la frontera del suroeste.

Aunque los mandatarios centroamericanos regresan optimistas sobre la buena voluntad de Washington, afuera de la Casa Blanca el ambiente era de consternación y descontento por la situación de los niños migrantes.

Cerca de un centenar de activistas de grupos cívicos, religiosos y comunitarios, portaban carteles para exigir que se mantengan las protecciones legales para los niños migrantes, en el marco de una ley federal de 2008.

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