Organizaciones no lucrativas se forran los bolsillos con niños migrantes

WASHINGTON, D.C.— La crisis humanitaria en la frontera sur se ha convertido en una bonanza financiera para organizaciones que, con jugosos contratos del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), dan albergue a los niños migrantes.

De todos los grupos religiosos, cívicos y comunitarios que compiten por contratos federales del HHS, una organización caritativa sin fines de lucro, BCFS, ha sido el principal receptor con más de $280 millones en lo que va de 2014.

La organización opera dos de las principales instalaciones de acopio de niños indocumentados centroamericanos, además de que opera seis albergues permanentes en California y Texas.

Otras instituciones implicadas en el manejo de la crisis incluyen a Southwest Key Programs, la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU y Lutheran Immigration and Refugee Services.

Tras informes de prensa y quejas de grupos conservadores, como “Conservative Tree House”, la BCFS se encuentra en la mira del senador republicano por Iowa, Charles Grassley, quien exige rendición de cuentas al HHS sobre el proceso de aprobación de los contratos y mecanismos de supervisión para evitar irregularidades.

Quejándose de que HHS muestra una “aversión a una transparencia básica”, Grasley le mandó una carta a la secretaria de Salud, Sylvia Mathews Burwell, con once preguntas detalladas sobre todos los contratistas del HHS, el monto total de contratos y su uso, el proceso de selección y los mecanismos de supervisión.

Grassley criticó en especial que, según documentos internos de BCFS, su principal ejecutivo, Kevin Dennin, recibió en 2012 cerca de $450,000 en salario y beneficios. El sitio especializado Charity Navigator, señaló Grassley, destacó que en 2013 el salario medio de ejecutivos en organizaciones caritativas fue de $287,753.

Consultada por La Opinión, una fuente de la oficina de Grassley, que pidió el anonimato, dijo que Burwell no ha contestado la carta “y hay otros líderes republicanos que también empiezan a hacer preguntas”.

Según el listado de HHS, tan solo la Administración para Niños y Familias (ACF) ha entregado hasta la fecha contratos por $671 millones para el cuidado de los niños. BCFS, antes conocida como “Servicios Bautistas para Niños y Familias”, recibió en un solo contrato poco más de $190 millones.

Consultada sobre los contratos, la oficina de prensa del HHS evadió comentar sobre el caso de BCFS y reiteró su política de “mantener la confidencialidad de los datos personales” de los niños migrantes.

Tampoco explicó el proceso de licitación y supervisión de contratos al señalar que el Congreso y el llamado “Acuerdo Flores” sobre el manejo de los menores le impiden a HHS divulgar esos datos o de los contratistas que administran los albergues.

HHS, a cargo de la custodia de los niños indocumentados centroamericanos después de que son detenidos por la Patrulla Fronteriza, ha insistido en que no publica nombres ni ubicación de los albergues para evitar un “circo mediático”. El martes pasado venció el plazo para la concesión de nuevos contratos para el otoño.

La BCFS, con sede en San Antonio (Texas), tampoco respondió a mensajes de La Opinión en busca de respuestas. Su página web detaca la reciente ampliación de sus programas, con la apertura de oficinas en Nueva York, Miami (Florida), Houston y Dallas (Texas), y Los Ángeles y el área de Sacramento, en California, como parte de un “plan estratégico de dar hogares seguros y estables” a los niños migrantes.

Por otra parte, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) no quiso confirmar ni negar que esté investigando a BCFS, porque su política “prohíbe discutir investigaciones en curso”.

Sin embargo, esta agencia federal alertó recientemente sobre una brecha de seguridad en la información privada de los niños en los albergues y que presuntamente está siendo aprovechada por estafadores.

“No vamos a comentar sobre quiénes son blanco de nuestra investigación. Seguimos con la investigación local en San Antonio junto al HHS, centrada en el fraude contra niños en las bases militares de Lackland y Fort Sill… nuestra meta es conducir una investigación exhaustiva”, dijo a La Opinión Michelle Lee, portavoz del FBI en San Antonio.