A dos años de DACA

La decisión de otorgar la deportación diferida (DACA) a una categoría de jóvenes prácticamente le cambió la vida a más de medio millón de personas que pudieron conseguir un empleo estable, obtener una licencia para conducir y hasta abrir una cuenta en el banco. Todas estas funciones ayudan a que individuos que fueron criados en nuestro país puedan incorporarse más plenamente a la sociedad y a la economía.

Es lamentable que al cumplirse dos años de esta decisión del Departamento de Seguridad Interna haya un esfuerzo en marcha para castigar a estos beneficiarios, los “soñadores”, por la llegada de los jóvenes centroamericanos a la frontera.

A pesar de que haya legisladores republicanos que reconocen la condición única de los “soñadores” de haber sido traídos por sus padres sin su voluntad, el liderazgo partidario del Congreso cedió el control del tema migratorio al Tea Party permitiendo el ensañamiento contra estos jóvenes. Con crisis fronteriza o sin ella, la Cámara Baja votó en varias ocasiones para eliminar DACA.

El tema de la inmigración, las posibles acciones ejecutivas que pueda tomar el presidente Obama al respecto y la mal llamada “amnistía” en la reforma migratoria integral son los caballos de batalla de la estrategia republicana para las elecciones legislativas de noviembre. La oposición a DACA y el deseo de deportar a los soñadores es parte de esta campaña.

En vez de considerar la situación propia de los soñadores y el potencial de sus contribuciones, la oposición los ha convertido en un ejemplo de un supuesto exceso presidencial al que se le aplican todos los estereotipos negativos que la ignorancia y el oportunismo político permiten.

Este debate es triste para los jóvenes que están renovando su DACA, para los republicanos dominados por quienes solo quieren deportaciones y por la comunidad que ve como se la insulta y le faltan el respeto con generalizaciones y calumnias.

Esperemos que la histérica oposición a DACA en este segundo aniversario no haga dudar a la Administración Obama de ampliar la Acción Diferida a otras categorías de inmigrantes. Una medida muy necesaria ante la negativa de la Cámara de Representantes de tratar un proyecto migratorio con un componente de legalización.