Desapariciones forzadas: ¿México aprenderá de Centroamérica?

No sé en qué clase de mundo pueden desaparecer, de la noche a la mañana, 43 estudiantes y que cuatro meses después el gobierno le diga a los padres que no se les buscará más, y que hay que “superar” estos hechos. Pero ocurrió en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron capturados y son procesados por su vinculación con la delincuencia organizada, igual que otros 57 capturados entre quienes figuran 40 policías municipales. Ahora el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) no puede pretender que ello baste para dar vuelta a esta negra página de la historia mexicana, que lleva varias en el tema de las desapariciones.

México y EPN bien harían en tomar nota de sus vecinos en Centroamérica y las atrocidades cometidas durante los conflictos armados internos en la región. No acerca de qué hacer, sino de qué no hacer, y qué consecuencias conlleva tapar la sangre con la alfombra.

En Guatemala, por ejemplo, ha tomado años, décadas, llevar a la justicia a los responsables de crímenes de guerra, y aun así, con exiguos resultados. Si no, ahí está la condena por genocidio del general retirado Efraín Ríos Montt, que fue revertida por un tecnicismo, sólo para ordenar un nuevo juicio retrasado por la supuestamente decaída salud del acusado, dada su avanzada edad.

En otro juicio, un sujeto de mucho menor rango, que dirigía una sección de la policía judicial (el temido “Comando Seis”), Pedro Arredondo, recibió 90 años de cárcel por la quema de la Embajada de España y la muerte de 37 personas en 1980.

Se acusa también a Ríos Montt y a Arredondo de desapariciones forzadas, un tema en el que la historia contabiliza 50 mil casos que datan del conflicto (1960-1996), y que involucran a muchos más responsables también en la estimación de 200 mil muertes—el 93% a fuerzas armadas, el 4% a la guerrilla, y el resto a autores no identificados. Desde el fin del conflicto transcurren casi 20 años, pero las consecuencias aún le pesan al país como un yunque.

¿Cuánto le pesarán los desaparecidos a las autoridades mexicanas? ¿Cuándo recibirán justicia las víctimas? Sólo en la administración de EPN se habla de 9,833 desaparecidos, de diciembre 2012 a la fecha. Se habla de al menos 22 mil desde 2006. Es dantesco.

En Guatemala, hay quienes intentaron minimizar el conflicto, ocultar las atrocidades, hasta que la verdad salió a flote. Y la podredumbre quedó expuesta como los desagües a flor de tierra. Comenzaron con las exhumaciones de las víctimas de masacres en 1993, y los relatos de los sobrevivientes. Siguieron con la publicación en blanco y negro de las cifras en el informe “Guatemala: Nunca más”, del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) del Arzobispado de Guatemala en 1998. Lo confirmó la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que hizo las veces de comisión de la verdad, en 1999. Pero cuando la CEH quiso entregar su informe y recomendaciones al entonces presidente Álvaro Arzú (actual alcalde capitalino), el mandatario rehusó a compartir el escenario con los comisionados y se sentó entre el público. También cuestionó las recomendaciones. Fue una tarde amarga.

En México, las desapariciones indignan. Pero para los de reacción tibia, empezando por el presidente en 2010, Felipe Calderón, y continuando con EPN, el escándalo de la atrocidad contra los 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, debió ser una síntoma del calibre del diagnóstico de un cáncer agresivo.

Y eso que las historias de los migrantes vejados en México datan desde los años 80. Pero no pasó nada. Capturaron a algunos policías, a algunos narcos, y ya. Ni siquiera se despeinaron tantito cuando se supo que entre las víctimas no sólo había migrantes centroamericanos, sino también mexicanos.

Aquello se relegó como un problema de migrantes que desapareció de los titulares, aunque el caso de 2010 se reprodujo con creces en otras partes del país… Hasta que el 26 de septiembre de 2014 el nombre de Ayotzinapa e Iguala le dieron la vuelta al mundo.

Esta semana se cumplieron cuatro meses que en México madres, padres, hermanos, tíos, amigos lloran a estos 43 muchachos que fueron confundidos con un grupo que pretendía boicotear una actividad proselitista de la esposa del alcalde de Iguala. También se cumplen meses y años más que miles de familias lloran a sus otros miles de desaparecidos.

México no tuvo conflictos armados internos recientes de la escala de los vividos en Centroamérica, pero comparte la historia de represión militar, y de corrupción de las fuerzas del Estado, donde anida la impunidad. Los centroamericanos la conocemos bien. Los mexicanos también. Pero si sus gobernantes se miran en el espejo de los países al sur de su frontera, ojalá puedan descubrir que esperar décadas por justicia no le hace bien al país ni a la gente. Deja zurcos de duelo sin amainar, que dividen y amargan. No se puede avanzar ante la injusticia, mientras todavía exista impunidad.