Terminó el abuso con las víctimas de decomisos de autos

La empresa Albert's Towing fue el blanco de reiteradas críticas por parte de indocumentados

Terminó el abuso con las víctimas de decomisos de autos
Veronica Tomas confronta a una grúa de Albert's Towing.
Foto: Ciro Cesar / La Opinión

@Alvaradoisa

Ya había pasado la oscura época de los constantes retenes policíacos que tanto atemorizaban a conductores sin licencia, pero algo nuevo pasaba en un centro comercial de El Monte.

Ocurría por las mañanas, casi en secreto. Un sujeto vigilaba a quienes estacionaban sus autos en la plaza, sobre el bulevar Valley, y se dirigían a la Corte. Luego llamaba a las grúas de la compañía Albert’s Towing y en pocos minutos esos vehículos eran remolcados. Directo al depósito.

Pero en varias ocasiones los coches de quienes podían legalmente estacionarse allí fueron a parar al corralón. Ya enganchados en las grúas, no había manera de recuperar los autos. Los empleados de Albert’s al volante no escuchaban súplicas.

A principios de marzo pasado, el activista Nic Tomas pasó por el lugar y se enteró de aquellas confiscaciones. Trató de prevenirlas filmándolas con su celular para publicarlas, pero logró muy poco.

“¿Acaso son tuyos estos carros?”, lo increpaba Warren Ellis, el conductor de una de las grúas, según uno de los videos que el joven subió a la página YouTube. No lo eran.

Lejos de dejarse intimidar, Tomas regresó con un cartel que advertía: “Aquí confiscan coches”.

Una mañana el asunto subió de tono. Cuando el activista filmaba a Ellis enganchando un auto, éste le arrebató el celular y lo empujó con todas sus fuerzas. Eso le causó humillación. Sin enterarse que la filmación seguía en la bolsa de su pantalón, éste contó lo que había hecho.

“Me empezó a filmar, así que lo agarré y le dije: ‘tú no entiendes’ y lo empujé. El pen… cayó al suelo y se fue quejándose como un pequeño [inaudible]”, se oye en el video.

Al otro lado de la línea lo estaba escuchando su jefe, Joe Albert, un empresario que encontró una mina de oro en los decomisos de autos de indocumentados en El Monte, donde el 69% de sus habitantes son latinos.


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Esta es la lujosa casa que compró Joe Albert, dueño de Albert’s Towing. Foto: Ciro Cesar

Por más de 40 años sus grúas no pararon y sus principales clientes eran conductores sin licencia. En la década pasada el local de Albert reportaba ganancias anuales de alrededor de un millón de dólares a la Oficina de Recaudación Tributaria (IRS) y compró una lujosa residencia en Coto de Caza.

Ese negocio es cosa del pasado.

La presión de los activistas y los medios logró detener los decomisos en la plaza.

Una auditoría de la Policía de El Monte confirmó que la empresa incurría en prácticas ilegales y canceló el contrato que mantuvo con ésta. Por las demandas de sus presuntas víctimas pende contra Albert una orden de arresto por no comparecer en la corte.

“Tenemos cero tolerancia para las compañías que violan la ley y acosan a nuestros residentes”, dijo el alcalde de El Monte, André Quintero, a este diario.

De 2007 a 2011, más de 11 mil coches terminaron en el corralón de Albert. Pero el negocio bajó en 2014 y el empresario buscó otra fuente de ingresos, la plaza comercial en el bulevar Valley.

“Tomamos una acción rápida desde que estas quejas se presentaron”, dijo el administrador del Ayuntamiento de El Monte, Raúl Godínez, a La Opinión.

El activista Aarón Montenegro atribuye este triunfo a la lucha de la comunidad. “En tres meses sacamos a la compañía. Fue un trabajo de base”, comentó.

En junio pasado, ya sin una orden de restricción que solicitó contra ellos el chofer de Albert’s Towing, Nic y su madre, Verónica Tomas-Castro, fueron al corralón y se enteraron que la empresa se había ido. No estaba más.

Felices, revisaron su contenedor de basura y encontraron allí cientos de documentos.

En la basura, como tratando de borrar su paso por la ciudad, había cientos de reportes de decomisos de vehículos de inmigrantes.

“La mayoría es de gente sin licencia. Es muy triste”, dijo Tomas-Castro, en la sala de su casa, donde apiló cheques, informes de estados bancarios, donaciones a la Policía y políticos de El Monte, reportes de impuestos y hasta el contrato de compra de su mansión en Coto de Caza.

Nadie sabe por qué Albert dejó documentos tan sensibles en un bote de basura.

“Puedes ver que ganaron mucho dinero”, agregó la activista.

Su hijo celebra que la empresa de Albert ya no esté en El Monte. “Esto lo hicieron por muchos años, tomaron ventaja de esta ciudad, pero qué bueno que eso ya terminó”, expresó a La Opinión.

Su nueva batalla es obligar a que Albert pague por los presuntos decomisos irregulares. Ellos ayudan en la demanda que entabló Charles Goulet, cuya camioneta fue remolcada cuando él estaba en una clínica de salud con su novia, Sabrina, el 3 de marzo. Pagó 275 dólares para recuperarla.

Goulet interpuso la demanda en la Corte de Alhambra, exigiendo un pago de 5 mil dólares. “Mi novia estaba embarazada y estuvimos esperando en el sol porque no aceptaban efectivo”, dijo.

Ganó el caso porque Albert no compareció en la corte y éste ahora es prófugo de la justicia.