Menos jóvenes en cárceles, segunda oportunidad para estudiantes
El nuevo programa de la Policía Escolar de Los Ángeles, permite que estudiantes no lleguen a las cárceles por delitos menores
Un alumno camina afuera de la Oficina Disciplinaria del LAUSD en Los Ángeles. Crédito: Isaías Alvarado / La Opinión
Dos chicos latinos que deberían estar en clase caminan con mochila al hombro por una calle de Los Ángeles.
“¿Por qué van tarde?”, les pregunta un policía escolar desde su patrulla. “Fuimos por algo”, responden.
El agente no duda de su palabra por la cercanía a la segundaria Edward R. Royball. “Hay niños de su edad que tienen que cuidar a familiares” y salen de sus escuelas, explica el uniformado.
La Policía Escolar de Los Ángeles (LASPD), que patrulla mil institutos públicos en esta ciudad, trata de mostrar un rostro más amable y su nueva carta es un programa con medidas disciplinarias menos rígidas, que ofrece consejería a los alumnos que han cometido faltas menores.
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Desde su implementación el 17 de agosto de 2014, más de 300 estudiantes de 13 a 17 años han evitado enfrentarse al estricto sistema judicial juvenil. Sólo 13 no concluyeron el programa.
Así ofrecen una segunda oportunidad a los alumnos sorprendidos con poca cantidad de marihuana y alcohol, con cigarrillos de tabaco, pintando una pared, peleando o robando cosas de poco valor.
Para no llevarlos ante un juez, los refieren a clases de manejo de temperamento o prácticas de boxeo. La supervisión queda a cargo de administradores escolares y se reduce la participación del LASPD.
Antes, esta corporación policiaca con 350 elementos era criticada por “criminalizar” a estudiantes, sobre todo latinos y negros en barrios marginados.
“Preferimos mantenerlos involucrados en algo positivo que atienda sus problemas a un nivel personal, en lugar de un proceso estricto de la corte que no les ayuda”, dijo William Etue, coordinador del llamado Programa de Desvío de Detención del LASPD. “Es mejor para cambiar su comportamiento”, agregó.
La colaboración con escuelas, oficinas de servicios estudiantiles y centros municipales ha sido vital para el éxito de esta iniciativa, indicó Etue.
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El cambio de disciplina incluso permite que un estudiante que ha sido descubierto con menos de una onza de marihuana (suficiente para elaborar un cigarrillo) evite ser llevado a un tribunal.
“Desde 2013 la posesión de una pequeña cantidad de marihuana bajó de ser un delito menor a una infracción, y la multa máxima es de $100”, explica Etue. “Pero si venden sí van a la corte”, aclaró.
Aplicado con el consentimiento de los padres o tutores, este programa establece un “plan de acción” para los estudiantes y plantea un objetivo, ya sea un cambio de actitud o un logro académico.
“Es una alternativa para no arrestar y multar”, enfatizó Etue.
