“Dreamer” lleva su lucha por servicio militar al Congreso  

Washington, DC – Cuando cursaba la secundaria, César Vargas soñaba con una carta de ingreso a la prestigiosa academia militar de West Point, que nunca le llegó por ser indocumentado. Ahora, el “dreamer” convertido en abogado asegura que el presidente Barack Obama tiene “autoridad ejecutiva” para permitir que los “dreamers” ingresen a las Fuerzas Armadas.

Vargas, de 32 años y beneficiario del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, llevó este miércoles su lucha para que los “dreamers” puedan prestar servicio militar hasta los corredores del Congreso, que debate desde este miércoles una ley de gastos de defensa que incluye enmiendas favorables a estos jóvenes.

En entrevista con este diario, Vargas, que emigró de Puebla (México) a Nueva York cuando tenía 5 años, aseguró que si Obama y el Pentágono lo permitiesen, “miles” de dreamers prestarían servicio militar.

“Creo que el presidente Obama está demostrando timidez ejecutiva en estos momentos, en vez de liderazgo para tomar más medidas. Su trabajo no ha terminado y puede hacer más en el área de inmigración”, afirmó Vargas, licenciado en leyes de la City University de Nueva York (CUNY).

Para Vargas, la “renuencia” tiene mucho que ver con limitaciones políticas, ahora que los alivios migratorios se encuentran trabados en los tribunales.

Sólo el grupo que Vargas fundó, #DreamArmy, cuenta con al menos 150 “dreamers” que quieren ingresar al Ejército, pero el número podría ser mucho mayor, dijo Vargas, codirector de la Dream Action Coalition.

Drama legislativo

La Cámara de Representantes prevé votar mañana jueves un proyecto de ley de gastos de defensa por casi $612,000 millones, que el Comité de las Fuerzas Armadas aprobó el mes pasado.

La iniciativa incluye una enmienda del congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego, que “alienta” al Pentágono a que estudie la posible inclusión permanente de los “dreamers” en las filas del Ejército, pero los republicanos quieren eliminarla.

Rodeado de varios legisladores demócratas, Gallego afirmó en una rueda de prensa que su enmienda expone “el extremismo del ala derecha del Partido Republicano”.

Por su parte, la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Linda Sánchez, advirtió de que en los comicios generales de 2016, los votantes latinos exigirán cuentas a los legisladores que le den la espalda a los “dreamers”.

Pero, convencidos de que se trata de una “amnistía”, varios líderes republicanos quieren eliminar la enmienda, si bien ésta no es vinculante y sólo tiene una carga simbólica.

El legislador republicano por Alabama, Mo Brooks, por ejemplo, insiste en que el Congreso “no está para proteger los intereses de los ilegales”, y no tiene sentido privar a los ciudadanos estadounidenses de oportunidades en las Fuerzas Armadas.

Del lado del Senado, el senador republicano por Arizona, John McCain, ha dejado en claro que no aceptará una versión que incluya cláusulas de inmigración, porque “es una ley de defensa, no para Dreamers”.

En promedio, cerca de 5,000 extranjeros no ciudadanos ingresan a las Fuerzas Armadas al año, casi todos con residencia permanente, pero el Pentágono puede aceptar a ciertos extranjeros con visas temporales.

En concreto, la sección 504 del título 10 del código legal de EEUU permite que las Fuerzas Armadas acepten a ciudadanos, residentes legales, y miembros de ciertos países que han suscrito acuerdos militares con este país.

Pero el titular de Defensa puede hacer excepciones para extranjeros no ciudadanos si determina que su alistamiento “es vital para el interés nacional”.

“MAVNI”, sin “Dreamers” latinos

Por órdenes de Obama, el Pentágono amplió en septiembre de 2014 un programa piloto, conocido por su sigla en inglés como “MAVNI” (“Military Accessions Vital to the National Interest”), que permite el ingreso de ciertos inmigrantes con destrezas laborales en el sector de salud e idiomas clave para la seguridad nacional, como el árabe, chino, pashto o perso.

Por primera vez en su historia, el programa, creado en 2008, permite el ingreso de beneficiarios del “DACA” de 2012.

En declaraciones a este diario, un portavoz del Pentágono, Nate Christensen, explicó que el pasado 27 de marzo, el Ejército duplicó el límite de ingresos al “MAVNI” a 3,000 para el año fiscal 2015 y a 5,000 para el año fiscal 2016, además de que amplió la lista de idiomas requeridos, casi todos de Asia.

El número mínimo de puestos para profesionales de salud en el Ejército y las reservas es de 260 en 2015 y de 500 en 2016, cuando caduca el programa.

Christensen precisó que desde febrero de 2009, más de 4,300 individuos han ingresado al “MAVNI”, y el Pentágono trabaja estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para “revisar (las solicitudes) de todos los candidatos de MAVNI”.

Debido a los requisitos y limitaciones del programa –que no incluye el español-, hasta la fecha, la mayoría de los 81 “dreamers” que han solicitado ingreso al Ejército a través del “MAVNI”, y que deben someterse a una revisión de antecedentes, son de origen asiático, y no hay ningún latino.

Eso le ha valido críticas de activistas como Vargas y abogados de Inmigración como Margaret Stock, quienes consideran que la exclusión de “Dreamers” hispanohablantes fue “deliberada”.

“Fue una decisión interna del Pentágono, por recomendación de Jeh Johnson antes de ser secretario de Seguridad Nacional, cuando trabajó como abogado general del Pentágono. El programa acepta a coreanos, chinos, portugueses y franceses, pero no a hispanohablantes”, dijo a este diario Stock, una teniente coronel jubilada de la Reserva del Ejército y quien lideró la creación del “MAVNI”.