Piden a Obama cerrar centros de detención para familias
Líderes hispanos del Congreso preparan visita a familias detenidas en Texas
Washington.- Apoyándose en el testimonio de una hondureña detenida durante seis meses en Texas quien, como miles más, buscan refugio y protección en EEUU, líderes demócratas del Congreso exigieron este jueves al presidente Barack Obama el cierre de los centros de detención para familias.
Durante una hacinada rueda de prensa, los legisladores prometieron mantener la presión política hasta que queden en libertad todas las madres y niños encarcelados en los centros de detención.
“ El presidente de EEUU y el secretario de Seguridad Nacional pueden poner fin a esto hoy; no hay exigencia federal o medida presupuestaria para el encarcelamiento de mujeres “, dijo el demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez,
Según Gutiérrez, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) prevé realizar un viaje a Texas con otros legisladores no hispanos en las próximas semanas para visitar a los detenidos y seguir presionando por el cierre de estos centros.
Rodeado de una decena de correligionarios, la legisladora demócrata por California, Zoe Lofgren, recordó que no es un “delito” cruzar la frontera sur y pedir asilo en EEUU, y estas familias que huyen de la violencia en Centroamérica merecen una revisión de sus casos.
La mayoría de las familias detenidas, casi todas provenientes de los países del “Triángulo del Norte” –El Salvador, Guatemala y Honduras-, ha presentado casos de asilo político.
En ese sentido, la hondureña María Rosa López, resumió el encarcelamiento que sufrió junto a su hijo de 9 años, Yoandri, en el centro de detención de Karnes, en Texas, donde organizó una huelga de hambre para denunciar las pobres condiciones del lugar.
“No somos criminales ni nuestros hijos y no merecemos estar tanto tiempo detenidos en ese lugar”, dijo con la voz entrecortada López, quien huyó de la violencia doméstica extrema en su país.
López y su hijo fueron puestos en libertad y recibieron refugio político hace exactamente un mes, después de pasar seis meses detenidos.
La abogada Dree Collopy, que ha ofrecido sus servicios gratuitos a los detenidos, dijo a los legisladores que éstos han sido víctimas de abusos de todo tipo y sin la protección de sus gobiernos. Algunos de sus clientes han sufrido depresión y otros problemas psicológicos severos que tardarán en sanar.
“No habíamos visto esto en nuestra profesión… (su detención) es una vergonzosa mancha para EEUU”, afirmó.
Promesas de ICE “insuficientes”
La semana pasada, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció seis medidas para fortalecer la supervisión, transparencia y rendición de cuentas en los centros de detención para familias, que fueron ampliados tras la crisis humanitaria en la frontera sur el año pasado. La directora de ICE, Sarah R. Saldaña, dijo que la meta es asegurar que los inmigrantes bajo custodia de ICE reciban un trato “seguro y humano”.
Para los legisladores y activistas pro-inmigrantes, no hay manera de detener “de forma humana” a quienes solicitan asilo político y, según la congresista demócrata por California, Lucille Roybal-Allard, la solución es dejarlos en libertad y aplicar alternativas menos costosas, como el uso de grilletes electrónicos.
“Nos parece sorprendente que en el siglo 21, con un Barack Obama en la Casa Blanca y la situación en Centroamérica, con la indiscutible violencia, la Administración siga deteniendo y deportando a gente vulnerable e inocente”, dijo a este diario, Joanne Lin, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) .
Lin confía en que el gobierno y los abogados de detenidos lograrán un acuerdo para frenar la detención de familias, después de que una corte en California determinara el mes pasado que esta práctica viola el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe la detención de menores en instalaciones restrictivas.
Ambas partes tienen hasta la próxima semana para alcanzar un acuerdo, y entonces la corte decidirá el futuro de las detenciones familiares.
“Criminales, no familias”
Obama ha dicho que su Administración se centrará en la detención y deportación de “criminales, no familias”, pero para los activistas, sus palabras chocan con los planes de ampliar los centros de detención.
Aunque la Administración Obama cerró el centro en Artesia (Nuevo México), los situados en Karnes y Dilley, en Texas, y en Berks (Pensilvania), siguen admitiendo inmigrantes.
Tan solo la expansión del centro en Berks permitirá que éste pueda absorber a hasta 6,300 detenidos adicionales.
La CCA, que es la empresa correccional privada más grande de EEUU y recibe jugosos contratos federales, registró un ingreso total de $426 millones en el primer trimestre de este año, un aumento de casi $22 millones respecto al primer trimestre de 2014, según datos oficiales.
La campaña de presión para el cierre de los centros de detención para familias cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos pro-inmigrantes y, según fuentes legislativas, la próxima semana líderes de ambas cámaras del Congreso enviarán cartas abiertas a la Administración Obama con el mismo mensaje.
