Latinos y afroamericanos acusan a ICE de discriminación

Denuncian que indocumentados indocumentados son trasladados a cárceles privadas solo para proveer ganancias a sus operadores

Circulo ceremonial de despedida de la caravana frente al Centro de Detención Glenn Dyer en Oakland.

Circulo ceremonial de despedida de la caravana frente al Centro de Detención Glenn Dyer en Oakland.  Crédito: Fernando Torres | La Opinión de la Bahía

Por medio de una conferencia de prensa en las afueras de la Oficina de Inmigración y Aduanas en San Francisco y una caravana que partió desde Oakland hasta el Centro de Detención de Mesa Verde en Bakersfield, una coalición de latinos y afroamericanos denunciaron la detención de inmigrantes indocumentados y sus traslados a prisiones privadas.

Según Jon Rodney, de la organización Centro para Políticas de Inmigración de California, la conferencia realizada el pasado 5 de junio se llevó a cabo para protestar contra las injusticias del sistema carcelario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los manifestantes destacaron el caso de uno de los detenidos en Bakersfield: Christopher Henry, un inmigrante jamaiquino que ha estado preso por tres años a pesar de haber sido absuelto por cargos de posesión de marihuana.

El caso destaca la inquietante y controversial política de cuotas conocida como ‘cuota de camas’. Se necesitan 34,000 prisioneros para que las compañías de prisiones privadas obtengan las ganancias que se estiman necesarias.

A las puertas del bus que los trasladó desde Oakland hasta Bakersfield, Devonte Jackson, dirigente de la organización Alianza Afroamericana para una Justa Inmigración (BAJI), dijo que el caso de Henry demuestra las injusticias a la que son sometidos los inmigrantes.

El centro de detención en Bakersfield es propiedad de la empresa privada Geo Group. Según Jackson, la empresa “saca ganancias de la industria de las prisiones privadas y vamos allí para denunciar que lo que están haciendo realmente es criminalizando a nuestras comunidades, encarcelándonos injustamente.”

Apoyo de otras organizaciones

La coalición organizada por BAJI incluye también al programa ‘Cantando echemos abajo las murallas’ de la Red Organizacional Nacional de Jornaleros, una organización compuesta de jóvenes indocumentados, mujeres trabajadoras latinas, activistas por los derechos de los inmigrantes, miembros de las comunidades afroamericanas y latinas y líderes religiosos.

“La gente está entendiendo que la criminalización está afectando a todas nuestras comunidades, tiene un gran impacto en toda la gente de todas las etnias, especialmente a los inmigrantes ‘afroamericanos’ (personas de raza negra de origen extranjero), a los latinos y a los isleños del Pacífico asiático,” dijo Jackson.

Jackson agregó que el caso de Henry refleja el problema de los inmigrantes ‘afroamericanos’, quienes, según él, tienen cinco veces más probabilidades de ser detenidos o deportados y enfrentan un trato discriminatorio al momento de postular para trámites inmigratorios.

“Vemos que la policía le está disparando a la gente por su color, estamos siendo hostigados por el color de nuestra piel. Muchas de esas comunidades son de bajos ingresos, desempleados… luchando por sobrevivir”, enfatizó Jackson.

Momentos antes de subirse al bus que la llevaría a Bakersfield, María Reyes, de Hayward, y miembro de las organizaciones Mujeres Unidas y Activas y Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, dijo estar muy “molesta porque han transferido a (inmigrantes indocumentados) que han estado detenidos en Richmond y los han trasladado a Bakersfield. Así quedan separados de sus familias. Entonces plenamente vamos a manifestar nuestro enojo para que esto cambie”, dijo.

Reyes se refería al Centro de Detención del Condado del Oeste en Richmond, una cárcel de mediana seguridad que mantiene un contrato con ICE para encarcelar a inmigrantes indocumentados cuyos casos están siendo procesados por la Corte de Inmigración de San Francisco.

En Bakersfield la caravana se unió a otro centenar de manifestantes quienes realizaron una protesta a la que se unieron artistas frente al centro de detención.

Según ellos, desde esa cárcel se han trasladado injustificadamente a inmigrantes a centros privados de detención y lejos del Área de la Bahía. Con estos traslados los inmigrantes “van a estar más aislados, por eso no queremos que sigan separando a más familias”, dijo la activista Claudia Reyes mientras participaba en un circulo ceremonial antes de la partida de la caravana que incluyó a unas 70 personas.

“Creemos que los centros de detenciones no deben de existir porque separan a las familias, los detenidos tienen que estar cerca de sus familias”, dijo Reyes.

Caso Christopher Henry

En una declaración enviada por correo electrónico, Lori Haley, vocera de ICE, dijo que Henry fue expulsado del país en 2006 y ha “sido sometido a un amplio proceso dual en los tribunales, por parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración”. Haley manifestó que Henry “tiene un significativo prontuario” y su caso se encuentra en revisión “por el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, que decidirá si el Sr. Henry tiene base legal para permanecer en los Estados Unidos”.

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