Los enredos de Duarte

Como ocurrió con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte en el D.F. amenaza con quedar entrampada en el corrupto laberinto del sistema judicial mexicano.
Las contradicciones y falta de consistencia en las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del D.F. refuerzan cada vez más el temor de que no se llegue al fondo de la verdad en los asesinatos del periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martin, la empleada doméstica Alejandra Negrete y la cosmetóloga Yesenia Quiroz.
La información que hasta ahora ha ofrecido la PGJDF apunta a que el móvil del crimen podría haber sido el robo y una venganza en contra de la joven colombiana. Pero poco o nada se ha dicho de la línea de investigación relacionada con las amenazas que el gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, le hizo tanto a Espinosa como a Vera, lo que ha generado una incontenible ola de protestas tanto en México como en el extranjero.
Presionado por los ataques cada vez más virulentos contra su administración, durante la que han muerto 14 periodistas, Duarte decidió esta semana declarar ante la PGJDF para deslindarse de toda responsabilidad. Su principal argumento es que ese multihomicidio ocurrió en la ciudad de México, no en Veracruz.
Sin el menor empacho, Duarte declaró ante diversos medios que su gobierno ha sido un gran defensor de la libertad de prensa y que incluso creó una comisión estatal para la protección de periodistas. Aseguró también que casi todos los asesinatos de comunicadores en Veracruz han sido ya esclarecidos por las autoridades federales y que el alto número de homicidios dentro de ese gremio se debe a que es el estado con mayor número de periodistas en el país: ocho mil.
Le toca ahora al gobierno del D.F. investigar si lo dicho por Duarte es verdad. Lo cierto es que la PGJDF tiene entre sus manos un asunto que cada vez se complica más y del que difícilmente saldrá bien librada debido a la falta de credibilidad que afecta por igual a las autoridades mexicanas.
Si la PGJDF concluye que el asesinato múltiple fue obra del crimen organizado muchos la acusarán de encubrir a Duarte. Si, por el contrario, determina que el gobierno de Veracruz está implicado en el crimen, tendría que culpar directamente a Duarte para apaciguar a quienes desde ahora sospechan que lo protegerá. En cualquier caso, el gobierno del D.F. está obligado simplemente a actuar conforme a la ley y a evitar que este asesinato múltiple quede impune como la mayoría de los crímenes que se cometen en México.