Violencia por narcotráfico en Guerrero sigue a pesar de Ayotzinapa

La demanda de justicia justicia en el caso de Ayotzinapa no cesa.

La demanda de justicia justicia en el caso de Ayotzinapa no cesa. Crédito: Miguel Tovar/LatinContent | Getty

MÉXICO.- Los habitantes de Iguala, Guerrero, la ciudad donde hace un año desaparecieron los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, observan en el día a día, la realidad de que la presencia del crimen organizado no ha cambiado un ápice desde que la policía municipal se llevó sin rumbo a los muchachos por órdenes de los narcotraficantes Guerreros Unidos.

Particularmente la activista María Guadalupe Baeza recuerda el fatídico día de principios de marzo pasado cuando fueron asesinados con violencia 13 personas y lo que se dijo de ellas. Que tres quedaron debajo de un puente, vendados de los ojos y con huellas de tortura, que un ex comisario y un policía municipal salpicaron con su propia sangre las casas donde vivían con su familia, que a una muchacha le metieron un tiro en un bar y que otros siete jóvenes quedaron regados con tiros de gracia por las calurosas calles de la entidad otrora conocido por ser la cuna de la bandera de México.

“Las cosas aquí se han puesto peor a pesar de que hay más policías y soldados”, cuenta en entrevista con este diario.

En los meses subsecuentes al 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos, el gobierno del país mantiene alrededor de 600 policías federales y unos 1,000 soldados con miras a custodiar la zona que, de igual manera, sigue bajo fuego, entre muertos, decapitados y desmembrados que hacen de Guerrero el estado con mayor número de fallecimientos violentos.


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Una guerra interna por territorio y poder

Hasta septiembre de 2015, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 1,321 muertes con este perfil, sólo por debajo del Estado de México que tiene una densidad de población 10 veces mayor. Esta cifra supera por mucho la del año pasado que cerró diciembre con 1268 asesinatos.

Todos relacionados a una lucha de poder para hacerse del control de la producción, tráfico y distribución de la droga. “Se organizan los grupos y entre todos se la andan peleando”, dijo recientemente el general Alejandro Saavedra, comandante de la Novena Zona Militar, en un operativo de destrucción de amapola.

Guerrero es  el principal productor de amapola en México, de donde procede la mitad de heroína que llega a Estados Unidos, que desde 2008 ha visto incrementar hasta casi el 40% su consumo. Las autoridades han detectado cultivos en 63 de los 81 municipios de la entidad.

El presidente del Colegio de Economistas del Estado de Guerrero afirma que hoy por hoy el estado depende totalmente de dineros fluctuantes o ilícitos: de participaciones federales que las desvían de otros estados financieramente más sanos; del turismo cada vez más escaso por el destazadero que todos los días se ven en Acapulco y Taxco –los principales atractivos- y del desarrollo rural patrocinado por narcos.

“Urge recuperar la rectoría del Estado en cuestiones de economía básica”, defiende.

El gobernador Rogelio Ortega ha sido menos optimista. En una entrevista radiofónica dijo que la guerra contra el narcotráfico en Guerrero está “perdida” y “no se va a resolver nunca” mientras no se legalice. “Podemos hacer mucha inversión, pero, por mucho que se haga, finalmente es un negocio que responde a un mercado”.

Actualmente para obtener un kilogramo de heroína, cuyo precio en el mercado ronda los 400,000 dólares, se requieren 10 kilos de goma de opio que se obtienen con alrededor de 2,500 plantas de amapola.

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