Instan al gobierno mexicano a frenar la violencia contra las mujeres
Activistas piden acciones en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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México – Un nutrido grupo de mexicanos llamó hoy al Gobierno y a la sociedad a trabajar unidos para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en un país en el que 23,763 de ellas han perdido la vida de manera violenta desde el año 2000.
En un manifiesto publicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más de 400 mexicanos, en su mayoría mujeres, y un centenar de organizaciones denuncian que las autoridades no han cumplido con las obligaciones establecidas en las leyes.
“Los feminicidios, la máxima expresión de violencia contra las mujeres, no son prevenidos, ni investigados, no hay acceso a la justicia para las víctimas, menos aún se atienden las causas y consecuencias”, señalan.
También citan cifras de la Secretaría de Salud, según las cuales desde el año 2000 se han registrado “23.763 muertes violentas de mujeres, la mayoría de las cuales permanecen en la impunidad“.
La alerta de género, el mecanismo creado hace ocho años para frenar los feminicidios a través de medidas de emergencia, “ha sido satanizado por las autoridades y su aplicación cuestionada o ausente de respuesta”, apuntan.
El grupo sostiene, además, que el Estado mexicano ha dado una respuesta parcial a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, violadas por soldados en 2002, y en el caso conocido como Campo Algodonero.
La CorteIDH condenó en 2009 a México por no prevenir el asesinato de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados en 2001 en un campo de siembra de algodón en Ciudad Juárez y por incumplir en su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad.
El tribunal ordenó al Estado pagar a las familias de las víctimas un total de 383.000 dólares, reiniciar las investigaciones, castigar a funcionarios sospechosos de cometer “irregularidades” en las pesquisas y realizar un acto público de reconocimiento de culpa, entre otras medidas.
En el caso de las indígenas, la Corte ordenó en 2010 pagar los daños a las víctimas y garantizar que los militares sean juzgados por tribunales civiles y no interponer bajo ninguna circunstancia el fuero castrense.
Los firmantes del manifiesto, entre ellas las escritoras Elena Poniatowska y Sabina Berman, demandaron al Estado presentar un informe público de “resultados comprobables” de los recursos asignados para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Además, pidieron uno sobre la aplicación de alertas de género, las sentencias por feminicidios y sanciones a autoridades responsables, y otro más en torno al cumplimiento de las sentencias de la CorteIDH y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
El grupo pidió juzgados especializados, procuradurías de defensa de las mujeres, refugios y casos de tránsito, la investigación y castigo la violencia sexual contra adolescentes y niñas, además de campañas “sistemáticas y masivas” para informar a las mujeres sobre sus derechos.
