Nueva ley en California evitará acuerdos en las cortes que lleven a la deportación

Beneficiará tanto a inmigrantes indocumentados como a residentes legales que cometan crímenes porque les garantizará un trato más equitativo a la hora de negociar un acuerdo en la corte
Nueva ley en California evitará acuerdos en las cortes que lleven a la deportación
La medida AB1343 obliga a que los defensores públicos informen y aconsejen a sus defendidos de que firmar un acuerdo de reducción de pena implica ciertos riesgos migratorios.
Foto: John Moore / Getty Images

Si eres indocumentado y has cometido un crimen, empezando el primero de enero habrá una nueva ley que permitirá a los fiscales en California ofrecerte un acuerdo de admisión de culpabilidad a cambio de que evites la deportación.

La medida AB1343 del asambleísta demócrata de Richmond, Tony Thurmond, también obliga a que los defensores públicos informen y aconsejen a sus defendidos de que firmar un acuerdo de reducción de pena implica ciertos riesgos migratorios. Así que tanto fiscales y defensores deben considerar las consecuencias migratorias al negociar un acuerdo de reducción de pena a cambio de aceptar responsabilidad.

La ley fue criticada por Marc Debbaudt, presidente de la Asociación de Fiscales de Los Ángeles, quien consideró escandaloso que los fiscales tengan que ofrecer un pacto que lleve a la deportación.

“En otras palabras, los fiscales deben dar a los inmigrantes indocumentados un mejor acuerdo que a los ciudadanos en un esfuerzo para evitar la deportación de quienes han cometido un crimen”, dijo.

“¿Qué justificación posible puede tener la legislatura para elevar a los indocumentados sobre los ciudadanos, qué ordena a los fiscales proporcionar un mejor acuerdo a un indocumentado que a un ciudadano, simplemente para que no enfrenten la deportación como consecuencia de sus actos criminales”, cuestionó.

El abogado en migración Alex Gálvez dijo que Debbaudt lleva al extremo la nueva ley cuando es todo lo contrario — nivela el terreno de la justicia para los inmigrantes indocumentados que son acusados porque los estadounidenses, señaló, ya tienen muchos recursos a su favor para defenderse.

“Lo que esta ley hace es darle discreción al fiscal. Los hace contar hasta diez, poner una pausa, revisar el caso y determinar si ese inmigrante se merece la oportunidad de firmar un acuerdo que admita culpabilidad a cambio de evitar la deportación”, indicó.

Gálvez dice que en la práctica muchos indocumentados son acusados, por ejemplo, de violencia doméstica, en situaciones en que hasta son inocentes, y los ponen al borde de la deportación cuando muchas veces tienen hijos con enfermedades graves que por esa condición pueden calificar para un alivio migratorio. “Hay inmigrantes que por encontrárseles cierta porción de marihuana enfrentan la deportación, y con esta nueva ley, el fiscal podrá usar su sentido común para decidir si puede hacer un acuerdo con ellos que les evite ser expulsados del país”, expone.

La nueva ley está basada en el caso Padilla contra Kentucky en el que un inmigrante que había sido residente legal por más de 40 años no fue informado de los riesgos que corría de sufrir una deportación cuando aceptó un acuerdo de responsabilidad. La Corte Suprema de la Nación falló a favor de José Padilla, un inmigrante hondureño que hasta sirvió en la Guerra de Vietnam pero en 2001, cuando era conductor de transporte comercial, fue arrestado por transportar marihuana. Su defensor le dijo que no debía temer por sus estatus migratorio, pero estaba equivocado porque la deportación fue prácticamente automática. Padilla presentó una moción en la que alegó que no lo habían aconsejado correctamente. En  2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que los defensores criminales tienen que advertir a sus clientes no ciudadanos sobre los riesgos de la deportación en un acuerdo de admisión de culpa.

Joseph Villela, cabildero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA),  dijo que la nueva ley asegura que los defensores públicos en California que defienden inmigrantes indocumentados y residentes legales adviertan a sus representados de los riesgos migratorios a la hora de firmar un acuerdo en la corte.

“Finalmente en el estado habrá una relación entre las consecuencias criminales y migración porque así tengas 40 años en el país como residente legal no estás a salvo de una deportación, pero por lo menos la persona que va a entrar en un acuerdo debe estar enterada de lo que le puede pasar. Es un derecho constitucional”, indicó.

La nueva ley es similar a la SB1310 promulgada el año pasado que reduce la sentencia máxima para un delito menor de 365 días a 364, una reducción de un día ya que bajo la ley federal una sentencia de 365 días o más clasifica como un delito agravado, y acelera la  las audiencias de deportación para los inmigrantes indocumentados.