El Legislativo de Puerto Rico aprueba una ley que permite detener los pagos de la deuda

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley de emergencia fiscal que da facultades al gobernador para detener todos los pagos de deuda, lo que abre un camino incierto en los intentos de la isla por renegociar sus créditos y evitar un colapso financiero.

El proyecto de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico ya había sido aprobado por el Senado, por lo que al cierre de esta nota estaba listo para ser firmado por el gobernador Alejandro García Padilla.

Pero que la ley sea promulgada no querrá decir que la moratoria en los pagos entre en vigor de forma inmediata, sino que desde ese momento García Padilla tendrá potestad para detener los pagos que considere oportunos.

La ley únicamente establece el marco legal para que el gobernador declare una emergencia fiscal y pueda establecer una moratoria sobre el pago de cualquier tipo de deuda, incluso de las obligaciones generales de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos, pese a que su cobro está garantizado por la Constitución de Puerto Rico.

Además, la nueva norma permitirá reestructurar e incluso liquidar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero de la Administración puertorriqueña, al tiempo que establece las bases para crear un “banco puente” que asuma parte de las funciones de esta entidad, entre ellas la de “honrar depósitos”.

Igualmente permite que el BGF cree una nueva subsidiaria que pueda asumir las funciones de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del gobierno, así como facilitar el esfuerzo de reestructuración.

Fundado en 1942, el BGF se creó para guiar las estrategias financieras de este Estado Libre Asociado y sus entidades públicas para financiar el desarrollo de inversiones públicas a largo plazo.

Además de servir como agente fiscalizador y asesor financiero, el BGF se convirtió en el gran prestamista de los diferentes estamentos de la administración pública, aunque desde 2001 tiene problemas de liquidez que ha ido subsanando con la emisión de nueva deuda.

El 1 de mayo el BGF tendrá que hacer frente al pago de deuda por $422 millones y en junio por otros $700 millones, mientras que su liquidez actual es inferior a los $600 millones.

Puerto Rico acumula una deuda de más de $70,000 millones de dólares que, según el gobierno, no puede seguir pagando, ya que la falta de liquidez hace que se tenga que elegir entre atender estas obligaciones o mantener la precaria prestación de servicios públicos básicos para la población.

En la actualidad, el 45% de la población de la isla vive bajo el umbral de la pobreza, según los estándares estadounidenses, al tiempo que cada día abandona la isla una media de 166 personas, con lo que en la última década se ha perdido un 10% de la población, que emigra a Estados Unidos en busca de mejores perspectivas.

El propio gobernador reconoció hoy que la ley recién aprobada por el Legislativo disparará las demandas judiciales como la ya presentada esta misma semana por un grupo de bonistas del BGF, que reclama que el banco sea intervenido judicialmente para que no pueda seguir realizando pagos discrecionales a algunos de sus acreedores.

Mientras, en Washington continúan las largas negociaciones para alcanzar un acuerdo que imponga un control fiscal federal sobre Puerto Rico y al mismo tiempo le permita reestructurar su deuda bajo el marco normativo estadounidense.

El gobernador anunció recientemente su intención de no buscar la reelección para poder centrarse en la toma de este tipo de decisiones para combatir la crisis fiscal.

Su sucesor al frente del partido gobernante y hasta hace poco el secretario del Estado de Puerto Rico, David Bernier, mostró hoy su apoyo a la decisión de declarar una moratoria sobre todo el pago de la deuda, después de que desde el pasado agosto ya se haya ido incurriendo en algunos impagos.

“Reconozco que el gobierno tiene pocas posibilidades, pocas herramientas”, dijo Bernier, quien en un comunicado pidió sin embargo al gobernador que únicamente interrumpa los pagos de la deuda del BGF y tan sólo los del principal, no de los intereses.

En ese sentido, el candidato a la gobernación para las elecciones de noviembre por el partido gobernante instó al Ejecutivo boricua a que no detenga los pagos de las obligaciones generales, “dando espacio así a las negociaciones que están en curso [con los acreedores], de las cuales debería surgir un acuerdo para posponer el pago de principal”.

“Me reafirmo en que el gobierno y los acreedores deben continuar el proceso de negociación conducente a lograr un entendimiento beneficioso para ambas partes”, dijo.