Negocio en centros de ‘La Migra’

Un reporte puso al descubierto un sistema de cuotas a costa de madres y menores migrantes
Negocio en centros de ‘La Migra’
Activistas denunciaron que usan a madres y menores migrantes para cumplir cuotas de camas en centros de detención.
Foto: Getty

Detrás del drama de los centros de detención para inmigrantes hay un gran negocio que se hace con dinero de los contribuyentes, escondiendo los detalles. Son transacciones que lucran con el encierro de menores, madres y familias porque lo alienta un acuerdo financiero, sin importar el impacto humano ni el que representen peligro alguno para la sociedad.

Se estima que anualmente se dedican más 2,000 millones de dólares en instalaciones para detener a los indocumentados. Un 62% de ese dinero va para la creciente industria de prisiones y centros de detención privado.

El hecho que el encierro de personas sea una operación con fines de lucro ha pervertido el sistema con incentivos para detener a más individuos, tal como lo señala un informe reciente “Banking on Detention” del Detention Watch Network (DWN) y el Centro para los Derechos Constitucionales.

A partir del 2009 el Congreso estableció que por lo menos haya 34,000 camas ocupadas en todo momento en los centros de detención. Esto significa que el gobierno paga a las empresas privadas de detención una garantía mínima de camas ocupadas, estén o no ocupadas. Pero en nombre de la eficiencia, este es un aliciente para que la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) no desperdicie dinero y realmente ocupe todo el espacio que está pago.

Como si esto fuera poco, hay incentivos al mejor estilo de una barata en donde si se supera la cifra de camas contratadas, las siguientes van con descuento. Cuanto más inmigrantes detenidos, mejor precio.

Es poco lo que se conoce de estos acuerdos ya que ICE se niega a dar detalles. El argumento de la agencia federal está sustentado por su relación con el sector privado quien asegura la necesidad de mantener en secreto de los contratos con el gobierno. Un ejemplo que señala el informe es el ex oficial de ICE, David Venturella, que hoy es vicepresidente de Desarrollo Comercial de GEO una de las empresas privada de prisiones más grande del país.

Lo ideal es remover el sector privado de un área que debe ser gubernamental para que los inmigrantes no sean objetos para hacer dinero. Para que su sufrimiento no llene los bolsillos de otros. Para ello es necesario que haya transparencia en las acciones de ICE, que la agencia recuerde que debe responder antes a los contribuyentes que lo financian en vez de defender a sus contratistas.