Tribunal Supremo estudiará caso de derecho a fianza de inmigrantes con detención prolongada
La Administración Obama pide que se revierta la decisión del Noveno Circuito de Apelaciones, que en 2015 determinó que la detención prolongada de los inmigrantes viola su derecho constitucional al debido proceso
El alto tribunal concedió una victoria parcial a Trump Crédito: Getty
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo anunció este lunes que estudiará el caso “Jennings v. Rodríguez”, para determinar si ciertos inmigrantes en vías de deportación tienen derecho a una audiencia sobre libertad bajo fianza, si llevan al menos seis meses bajo custodia federal.
El anuncio fue uno de varios que hizo hoy la máxima corte de EEUU, que mantiene en vilo a grupos pro-inmigrantes en todo el país por el fallo que pueda emitir sobre el futuro de los alivios migratorios entre esta y la próxima semana.
El caso “Jennings v. Rodríguez” llegó hasta el Tribunal Supremo luego de una demanda colectiva entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), en nombre de centenares de inmigrantes detenidos en California y que llevan más de seis meses detenidos sin una audiencia para determinar si tienen derecho a fianza.
Según ACLU, el inmigrante promedio representado en esa demanda lleva al menos 404 bajo custodia federal.
El caso será estudiado en la próxima sesión del Tribunal Supremo que comienza en octubre próximo, y también determinará si extranjeros con cargos criminales o por terrorismo, que además están sujetos a una detención obligatoria de al menos seis meses, tienen derecho a una audiencia para quedar libre bajo fianza.
Los ocho magistrados del Tribunal Supremo aceptaron a trámite el caso “Jennings v. Rodríguez” después de que el Noveno Circuito de apelaciones en San Francisco (California) determinó en octubre de 2015 que los inmigrantes tienen derecho a una audiencia para determinar si pueden recibir fianza después de seis meses bajo custodia federal, y a una revisión periódica cada seis meses.
En esa ocasión, un panel de tres jueces del tribunal de San Francisco, presidido por la jueza Kim McLane Wardlaw, precisó que la detención indefinida de los inmigrantes viola su derecho constitucional al debido proceso judicial. Además indicó que, para poder negar la fianza, el gobierno federal debe demostrar que el inmigrante supone un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.
Según esa corte, la mitad de los inmigrantes detenidos en el sur de California permanecen detenidos durante un año, y el 10% sigue preso después de dos años.
Pero la Administración Obama quiere que el Tribunal Supremo revierta la decisión del Noveno Circuito de apelaciones, al argumentar que las audiencias sobre fianza no deberían extenderse de forma automática para los inmigrantes detenidos en la frontera o para los que estén implicados en actos terroristas.
Según el gobierno de Obama, el fallo de 2015 permitiría la puesta en libertad de inmigrantes detenidos por cruzar ilegalmente la frontera sur, o por haber cometido algún delito. Pero ACLU replica que el tener derecho a una audiencia no garantiza de forma automática la puesta en libertad de los detenidos.
En 2001, el Tribunal Supremo dio luz verde a una detención máxima de seis meses para inmigrantes en vías de deportación, aunque éstos podrían permanecer bajo custodia más tiempo si las autoridades lograban demostrar que son un peligro para la seguridad nacional.
