El estado mexicano que pelea con mineras un impuesto con contaminar su tierra

La disputa entre las empresas y el estado se da en un momento en que gobiernos estatales tienen mala fama por corrupción

Minería

Minería Crédito: JUAN BARRETO | Getty

MÉXICO – Durante siglos,  el estado de Zacatecas aceptó las reglas del juego de la minería en el país con las que el gobierno federal se lleva las ganancias de los permisos de explotación y sus respectivos impuestos a pesar de ser el estado número uno en producción nacional de plata, plomo y zinc y el tercero en oro y cobre, pero a partir de este año exige su parte y sienta precedentes como un inédito rebelde.

Sin previo aviso, ni discusiones o burocráticas mesas de trabajo tan comunes en la vida pública mexicana, el congreso local aprobó una serie de gravámenes que entraron en vigor desde el primer día de enero de 2017 con el propósito de “amortiguar los daños ecológicos” que representa la principal actividad económica del estado desde 1549 y que aporta alrededor del 5% del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con el gobierno del estado, lo que sucede es que las gigantes mineras como Peñoles, Frisco, Goldcorp, Capstone Gold o Plata Panamericana  emiten gases a la atmósfera; contaminan el suelo, subsuelo y agua; y depositan o almacenan  residuos tóxicos en los terrenos zacatecanos sin aportar un solo peso para resolver los problemas posteriores.

“No pagan impuestos, todos tienen su domicilio fiscal en otros estados, menos aquí en Zacatecas”, resumió Víctor Armas, secretario estatal del Agua y Medio Ambiente para explicar la  medida con la que pretenden recaudar alrededor de 600 millones de dólares anuales para atender la contaminación ambiental que tanto rechazo causa entre la población.

Ahora mismo en la comunidad de Salaverna, que se encuentra en el municipio de Mazapil, uno de los tres principales por su riqueza mineral, sostiene una oposición para abrir paso a la minera Frisc0- Tayahua (propiedad de Carlos Slim). Los habitantes argumentan que tienen problemas de salud por emisión de gases, polvo en suspensión y la producción de residuos que “termina con los acuíferos y pone en riesgo de extinción a especies de flora y fauna”.

Las autoridades de la entidad calculan que el impuesto por daño ambiental por el que tendrán que pagar entre 180 y 400 contribuyentes (incluye a otras compañías como la cervecera Modelo o la Comisión Federal de Electricidad) no afectará a más del 2% de los ingresos de cada una al año y sólo algunas han puesto el grito en el cielo.

Los primeros en rebelarse fueron la cervecera Grupo Modelo y la minera Peñoles y, semanas después el clúster minero de Zacatecas (Clusmin) le hizo segunda en un comunicado público en el cual argumentó que la industria “no soporta” mayores cargas tributarias por la baja en los precios de los metales y dejó entrever que podría restringir inversiones, disminuir empleos y hasta cerrar operaciones.

“Observamos que el gravamen es abiertamente recaudatorio y sin un compromiso ambiental”, indicó Clusmin.

La disputa entre las empresas y el estado se da en un momento en el que los gobiernos estatales en general tienen mala fama por corrupción  ante la falta de mecanismos eficientes en el control de gastos y transparencia por lo que tendrá que luchar políticamente por ver consolidado el impuesto .

Por el lado legal tampoco tiene muchas cartas de su lado. De acuerdo con Horacio Vives, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el problema puede llegar a ser una controversia constitucional porque es el gobierno federal el que protege los recursos y hace las concesiones con empresas nacionales y extranjeras.

“Lo que está haciendo el gobierno de Zacatecas es algo inédito y puede afectar la inversión”, dijo. “El gobierno federal no va a ceder el control y lo más probable es que todo esto lo resuelva la Suprema Corte de Justicia, pero, en mi opinión, Zacatecas tiene desventaja: histórica y naturalmente le pertenece el control a la federación”.

El secretario de medio ambiente declaró en estos días que, mientras se resuelve el asunto en los juzgados las “empresas deben pagar”, pero algunas de ellas ya comenzaron a utilizar sus recursos legales  por lo que nueve de ellas ya ganaron el primer paso: un juez frenó en primera instancia el “impuesto minero”.

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