Sessions viajará a Arizona mientras su agencia adquiere más peso en combate a inmigración ilegal

WASHINGTON.- El fiscal general, Jeff Sessions, tiene previsto viajar a la frontera sur el mes próximo, en su primera visita a la zona desde que asumió el cargo y en el marco de su creciente protagonismo en el combate contra los inmigrantes indocumentados y las ciudades “santuario” que los protegen.

La previsible visita a Nogales (Arizona) a mediados de abril, reportada primero por el diario “The Washington Post”, se produciría mientras la Administración Trump presiona para que el Congreso apruebe una partida inicial de $1,500 millones para iniciar la construcción de un muro fronterizo.

Sessions participará en una conferencia de autoridades policiales estatales de todo EEUU entre el 10 y 12 de abril próximos en Litchfield Park, en las afueras de Phoenix y a unas 200 millas de Nogales.

Uno de sus asesores confirmó hoy a este diario que el Departamento de Justicia aún sigue elaborando su itinerario y la parada en Nogales es “tentativa”.

Visita es mala señal

Grupos cívicos y activistas de la comunidad inmigrante consultados hoy por este diario, indicaron que la visita de Sessions, de producirse, encaja con la creciente “criminalización” de los inmigrantes, y la “convergencia” entre las policías locales y agentes de Inmigración.

“Estas propuestas (migratorias) de la Administración van a conducir a más detenciones y menos acceso al debido proceso para los inmigrantes. Nos preocupa el hecho de que vendrá a Arizona a hablar con las policías locales con la intención de alentar una mayor cooperación con los agentes de Inmigración”, dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva en Arizona de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

“Ya hemos visto cómo eso fue un fracaso acá en Arizona. Joe Arpaio (exalguacil del Condado de Maricopa) es un ejemplo de lo que ocurre cuando la policía local empieza a cooperar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE): hay más discriminación racial, y se perjudican las relaciones de la policía con la comunidad”, señaló Soler.

Ben Monterroso, director ejecutivo de “Mi Familia Vota” afirmó que si Sessions quiere ver “la película entera de lo que está pasando” mientras visita Arizona, debería “hablar con autoridades que le explicarán por qué sus planes de inmigración y los de Trump son muy perjudiciales para todos los estadounidenses”.

Sessions debería reunirse con funcionarios como el alguacil del Condado de Santa Cruz, Tony Estrada, quien ha dicho que el muro no sería una respuesta eficaz, o con el gobernador republicano, Doug Ducey, quien apoya construir “puentes y no muros” y ha visto el “impacto negativo de la campaña anti-inmigrante en las relaciones de Arizona con México”, aconsejó Monterroso.

A Tania Unzueta, directora política de “Mijente” en Chicago (Illinois), no le cabe duda de que la visita “tiene que ver con la criminalización de la comunidad inmigrante, porque hemos visto que a más indocumentados se les están dando sentencias carcelarias”.

“Estamos escuchando casos de personas agarradas en redadas, sin antecedentes penales, y ahora hasta reciben sentencia carcelaria. Nos preocupa que haya esta mezcla, esta convergencia entre la policía local y los agentes de Inmigración”, dijo Unzueta.

¿Por qué escogió Nogales?

Nogales es una importante ciudad en la frontera con México, por donde existe un intercambio comercial bilateral de entre $18,000 y $20,000 millones al año, según datos de la Asociación de Gobiernos de Maricopa.

También tiene uno de los principales puntos de control en la frontera, y ya cuenta con un muro de $11,6 millones que la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) construyó en 2011.

La propuesta de construir  un muro a lo largo de la frontera sur obedece a una promesa electoral de Trump, pero se topa con numerosos obstáculos, incluyendo un costo de al menos $20,000 millones, su impacto ambiental, interferencia en zonas tribales, y posibles demandas legales.

¿Seguridad o “teatro político”?

Un perenne reto de las autoridades estatales y federales ha sido cómo mejorar la seguridad fronteriza sin perjudicar el flujo legítimo de bienes y personas en la zona.

Una mayor presencia de agentes fronterizos, como ha solicitado la Administración Trump para el año fiscal 2018, sumado a otras medidas dentro de una orden ejecutiva del pasado 25 de enero, provocará más violaciones del derecho al debido proceso de los inmigrantes, advirtió Soler.

“EEUU tiene el derecho de controlar sus fronteras, pero también tiene que hacerlo de forma justa y humana, que la gente pueda defender sus casos ante un tribunal de Inmigración…el muro fronterizo en realidad es más teatro político a expensas de las libertades civiles, no es una política racional para la seguridad nacional”, enfatizó Soler.

Para los activistas, el gobierno de Trump no podrá “sellar” la frontera con un muro o con una militarización, y en cambio debería aumentar el personal en los puertos de entrada para facilitar el intercambio comercial.

No es una idea que comparte el Departamento de Justicia y, en las últimas dos semanas, Sessions ha tenido un mayor protagonismo en la lucha contra la inmigración ilegal.

Sus acciones y posturas contra la inmigración ilegal, antes como senador de Alabama y ahora como fiscal general, son diametralmente opuestas a las de su antecesor, Eric Holder, quien entabló una demanda contra Arpaio, y logró que el Tribunal Supremo anulará partes de la ley anti-inmigrante “SB1070” de 2010.

La semana pasada, Sessions advirtió que el gobierno federal eliminaría ciertos fondos a ciudades y jurisdicciones “santuario” que no cooperen o entreguen a los inmigrantes indocumentados con agentes de ICE.

Ayer anunció la expansión de un programa del Departamento de Justicia que agilizará la deportación de inmigrantes indocumentados en cárceles federales, de manera que, en vez de pasar a la custodia de ICE, éstos serían expulsados del país al solo cumplir su sentencia.