ACLU: ICE detiene a inmigrantes usando tecnología digital defectuosa
La base de datos de ICE ha señalado a ciudadanos estadounidenses para ser deportados
La tecnología permite que ICE automáticamente reciba las huellas digitales de toda persona que es detenida a nivel local. Crédito: John Moore | Getty Images
Para saber quién ha sido detenido en una cárcel local, los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) revisan una base de datos. Esta base de datos utiliza tecnología de huellas dactilares, la cual fue incorporada como parte de la agencia migratoria en 2008 bajo una política conocida como “Secure Communities” (Comunidades Seguras).
Pero según una demanda presentada por la Unión Americana por las Libertades Sociales (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California, esta base de datos es “obsoleta” y “se actualiza inapropiadamente”, lo cual ha generado un sinnúmero de problemas.
De acuerdo a la ACLU, la base de datos genera información errónea un 30% del tiempo y es tan poco fiable que los mismos agentes de ICE en Los Ángeles le han escrito a la oficina central en dos ocasiones, quejándose de la frecuencia con que identifica a personas para ser deportadas, para luego descubrir que son ciudadanos de Estados Unidos.
Recientemente, muchas agencias estatales y municipales se han rehusado a seguir compartiendo cierta información con las autoridades federales. Sin embargo, la ley federal requiere que las agencias locales compartan las huellas digitales de las personas que detienen, las cuales ICE utiliza para identificar a personas que hayan pasado por el sistema de justicia penal a lo largo del país. Desde 2011, todas las agencias de policía locales del país están conectadas a la base de datos.
Los detenidos en Los Ángeles
Aunque la ciudad de Los Ángeles mantiene reglas que prohíben a los policías detener o cuestionar a alguien solo en relación con su estatus migratorio, y se niegan a tomar parte en redades de indocumentados, esto no quiere decir que no cooperan en absoluto con las autoridades federales – aunque de manera indirecta.
Una vez los detenidos pasan bajo custodia de las autoridades del condado, las cosas cambian.
Los nombres y las huellas digitales de todas las personas que son registradas en la cárcel del condado se envían automáticamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Si esa información concuerda con los registros del DHS, o si la persona nació en otro país, la computadora automáticamente genera una petición a ICE, quien manda esa información a sus agentes locales de ICE, en Laguna Niguel.
Esto se hace viable por medio de la tecnología “Biometric Interoperability”, que permite que ICE automáticamente reciba las huellas dactilares de toda persona que es detenida a nivel local.
De acuerdo a Jennie Pasquarella, abogada de la ACLU, un 70% de las peticiones se hacen únicamente con la información proporcionada por esta base de datos, sin que los agentes de ICE primero entrevisten a la persona ni realicen otra investigación. El sistema suele tener errores administrativos, tal como equivocaciones de ortografía y fechas de nacimiento.
Incluso, la base de datos no se actualiza con frecuencia. Debido a esto, la información no incluye cuando una persona se ha convertido en ciudadano.
Después de que la ACLU presentó la demanda, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dejo de retener a personas por 48 horas para luego entregarlas a ICE.
El Departamento del Sheriff, sin embargo, aún le proporciona a ICE listas con los nombres de los presos a punto de ser puestos en libertad.
Demanda ya en curso
En 2012, la ACLU presentó una demanda para ponerle un alto al programa de “Biometric Interoperability”. Si esta acción legal tiene éxito, podría reducir la habilidad de ICE para detener a personas que están presos a nivel local, y los tribunales determinarían si ICE debe tomar pasos adicionales antes de emitir un “detainer”.
Los demandantes del caso González v. ICE, por ejemplo, son ciudadanos estadounidense quienes fueron detenidos a consecuencia de errores en la base de datos. Gerardo González, Jr., de 28 años, nació en la ciudad de Pacoima, en California. Simon Chinivizyan, de 24 años, también es ciudadano de Estados Unidos.
La ACLU alega que la base de datos viola la Cuarta Enmienda, la cual protege contra interferencia gubernamental irrazonable y exige que la información que está usando ICE sea mejor protegida.
