Armarse o desarmarse: el dilema de los mexicanos

MÉXICO.- Ante la duda, la inacción, ordena el dicho popular que durante décadas ha sido el sostén para que en este país no permita de manera abierta  el uso de armas en legítima defensa, un paradigma que está a un paso de romperse en cuanto el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, promulgue una reforma de ley ya autorizada por el congreso.

Hace apenas unas semanas, el legislativo norteño aprobó la iniciativa del diputado Marcos Mendoza para eximir -de manera inédita en México- a todos los ciudadanos que maten a otra persona en su domicilio, coche o negocio ubicado en el estado, siempre y cuando actúen para defenderse de una agresión  en su contra o contra quienes tenga injerencia legal o familiar.

“Si hay un homicidio en estas condiciones se presumirá legítima defensa”, dijo Mendoza en su exposición de motivos que contaron con el aval absoluto en la Cámara de Diputados local y de “El Bronco”, quien describió así su aprobación: “Ahora el ciudadano puede estar sin temor y defender a su familia”.

Pero la votación del congreso de Nuevo León cayó como un balde de agua fría entre muchos funcionarios, activistas y políticos del país que se oponen a la expansión legal de las armas.

“Mientras menos armas de fuego existan, más seguros vamos a estar”, comentó Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad en octubre pasado, cuando el senador José Luis Preciado presentó sin éxito en la Cámara Alta una propuesta similar a la aprobada por los regios.

Sales ha sido reacio a la proliferación de armamento frente a la impotencia que representa para la policía ministerial que encabeza el detener a delincuentes armados hasta los dientes y que, sin embargo, tienen el derecho de llevar su proceso en libertad.  “Los detenemos y, antes de que podamos investigarlos, hay que soltarlos”, detalla al promover una propuesta de reforma contraria.

Por otro lado, los miedos de organizaciones civiles están más encaminados a la violación de los derechos humanos. “Nos preocupa cómo nos van a garantizar que las armas que está usando la gente son legales, que la gente está tomando cursos para usarlas…Este cambio en la  legislación de Nuevo León es prácticamente un permiso para matar”, argumentó María Elena Morera, presidenta de la organización Por una Causa Común.

Lo ciertos es que aún sin ley y sin regulación los asesinatos violentos están a la orden del día a pesar de las restricciones que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene para dar permisos de portación de armas: en 2016 informó que sólo había otorgado 3,000 licencias para uso de armas de fuego y, en su mayoría, a gente que trabaja en seguridad privada.

En contraste, un estudio de la asociación México Armado calculó que alrededor de tres millones de mexicanos están armados para defensa propia, la mayoría de manera ilegal por falta de apertura en el tema.

“Al final de cuentas, los más desprotegidos son los ciudadanos comunes”, argumentó el diputado Mendoza quien espera de un momento a otro la promulgación de su ley en Nuevo León y el inicio de una discusión a nivel nacional, donde la duda persiste.