Reporte encuentra condiciones inhumanas y violentas en cárceles del condado de Orange
Informe del ACLU alega que existe un patrón de negligencia de las autoridades del sheriff y del condado
Santa Ana recientemente cesó su cooperación con ICE que permite la detención de inmigrantes en su cárcel. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Una investigación de dos años por el Proyecto de Cárceles de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California publicado este martes revela condiciones violentas, abusivas e insalubres en las cárceles del condado de Orange y un patrón de negación e indiferencia por parte de los funcionarios a cargo, en particular la Sheriff Sandra Hutchens.
El informe de investigación que incluye 108 páginas es el resultado de más de 120 entrevistas con reos actuales y expresos de las cárceles del condado de Orange y una extensa revisión de las recomendaciones de siete Gran Jurados en la última década durante el mandato de Hutchens.
Alegatos
El estudio encontró que para marzo de este año había unas 6,545 personas encarceladas, casi la mitad de ellas sin haber sido juzgada, lo que agudiza los problemas de hacinamiento que tienen estos sitios de reclusión.
En el 2015, el 54% de los detenidos, muchos de ellos sin poder pagar las fianzas impuestas, estaba esperando juicio.
El reporte resalta que entre el 2010 y el 2016, 48 reclusos, 13 de ellos latinos, murieron bajo la supervisión de las autoridades, además de que el 35% de las causas de estos decesos aún siguen siendo investigadas.
El informe describe un ambiente de violencia, abuso, atención médica inadecuada, hacinamiento persistente, condiciones insalubres de vida y mala capacitación y supervisión del personal de custodia, entre otras violaciones a las regulaciones estatales y a la Constitución de los Estados Unidos. La investigación encontró que, en promedio, “más de la mitad de los reclusos en las cárceles del condado de Orange están simplemente esperando juicio y no han sido condenados por ningún crimen, muchos porque no pueden pagar la fianza”.
“El Departamento del Sheriff del condado de Orange y sus cárceles han estado llenos de controversia, acusaciones de corrupción y abuso. Esto no es un descubrimiento reciente”, indicó Esther Lim, directora del proyecto ACLU SoCal Jails. “Está claro y obvio que el Departamento y las cárceles necesitan supervisión apropiada”.
La ACLU está pidiendo a la Sheriff Hutchens que renuncie y exija que la Junta de Supervisores del condado de Orange establezca una autoridad independiente de revisión de cárceles para investigar la cultura de violencia y abuso en los reclusorios y políticas de reforma en todo el sistema carcelario del condado.
El informe señala que a pesar de los años de quejas de violencia y condiciones de miseria en el sistema de cárceles del condado de Orange, el Sheriff y la Junta de Supervisores han “hecho la vista gorda a este abuso y mala conducta”, y ningún agente ha sido formalmente acusado en un incidente de abuso de reclusos. Por el contrario, el informe señala que en 2016, la Junta aprobó un nuevo contrato de tres años para los agentes que incluía un aumento de salario del 8.8% – un costo para los contribuyentes de unos 62 millones de dólares. La investigación encontró que “la necesidad de una supervisión neutral y objetiva es profunda”.
“El Departamento necesita comenzar una revisión e inspección exhaustivas de las cinco instalaciones carcelarias del condado de Orange”, indica el informe. “Un supervisor objetivo con poder sustantivo puede ayudar a liberar al Departamento del Sheriff y al condado de responsabilidad legal y asegurarse de que el buen gobierno supere la conveniencia política en el condado de Orange”.
Con información de EFE
