Tribunal federal inicia juicio sobre manipulación política de mapas electorales
Decenas de activistas de grupos cívicos realizaron una protesta frente al tribunal para exigir la plena protección del derecho a voto de las minorías en Texas
Aseguran que los mapas electorales discriminan a a las minorías. (Archivo) Crédito: Archivo
WASHINGTON.- Un tribunal federal en Texas inició este lunes un juicio de cuatro días para determinar la legalidad de los mapas electorales que los legisladores estatales republicanos adoptaron en 2013 tras la intervención de la corte, abriendo otro capítulo en el tortuoso camino para defender el derecho al voto de millones de votantes latinos y de otras minorías en ese estado.
En marzo y abril pasados, el mismo tribunal en San Antonio había determinado en sendos fallos que, en efecto, los legisladores republicanos discriminaron contra los votantes de minorías, principalmente latinos y afroamericanos, cuando diseñaron nuevos mapas electorales en 2011. La legislatura estatal adoptó posteriormente, en el verano de 2013, los mapas que impuso el tribunal para modificar los diseñados dos años antes.
En 2011, apoyándose en los resultados del Censo de 2010, la legislatura estatal había diseñado los nuevos mapas electorales para los escaños estatales y ante el Congreso, en lo que prácticamente fue una “repartición” de votantes favorables a los republicanos.
Pero esa práctica, conocida en inglés como “gerrymandering”, lo tiene todo al revés, porque los políticos “escogen” a sus votantes y no como debe suceder en una democracia, según activistas, que advirtieron de que el resultado final es que se diluyó el poder político de los votantes minoritarios en el resto del estado.
La oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quiere que el panel de tres jueces del tribunal federal desestime la demanda, argumentando en documentos presentados ante la corte que aunque los mapas electorales favorecen a candidatos republicanos, éstos no discriminan contra las minorías y, además, fueron los que la corte modificó en 2013.
Los grupos cívicos que demandaron al estado en 2011, incluyendo el “Brennan Center for Justice” y LULAC, quieren que el tribunal ordene una nueva demarcación de los mapas electorales para corregir, antes de las primarias de marzo de 2018, la discriminación contra los votantes de las minorías, que ya sufren el impacto de leyes estatales que restringen su acceso a las urnas en EEUU.
El Caucus Legislativo Mexicoamericano de Texas (MALC, en inglés), otro de los grupos demandantes, argumenta que la corte debe corregir al menos dos o tres mapas de distritos de la Cámara de Representantes y entre dos y cinco mapas electorales estatales.
Viejas prácticas, nuevas elecciones
La manipulación política de los mapas electorales -excluyendo geográficamente a ciertos votantes para beneficiar a un partido por encima de otro-, es algo que aqueja a Texas desde hace cuatro décadas y nuevamente está en el centro del litigio, que se lleva a cabo a ocho meses de las primarias estatales, que además sirven de antesala a los comicios de noviembre de 2018.
Las minorías étnicas representan cerca del 46% del electorado en Texas pero, debido al cambio en los mapas electorales –que determinan dónde y por quién se puede votar en cada distrito-, en 2016 muchos latinos y afroamericanos afrontaron restricciones en 26 de los 36 distritos en ese estado.
Es decir, debido a la forma en que se diseñaron esos mapas electorales, muchos votantes no pudieron elegir a su candidato preferido en cada circunscripción.
En la actualidad, los latinos conforman la mayoría en siete distritos electorales en Texas, pero debido a su baja participación electoral y al rediseño republicanos, los votantes blancos terminan determinando el resultado de los comicios, como ocurrió con la victoria de candidatos conservadores en 2014 y 2016.
El “Acta del Derecho al Voto” (VRA, por su sigla en inglés) protege a los votantes de las minorías en distritos con alta polarización racial en las urnas, precisamente para evitar la discriminación y para que las minorías puedan elegir a candidatos de su preferencia, sean o no de su propio grupo étnico.
El caso ante el tribunal afectará las contiendas locales y estatales, pero también tiene repercusión nacional porque Texas, altamente poblado y bajo dominio republicano, es uno de un puñado de estados que también ha inclinado la balanza hacia los republicanos en los escaños del Congreso en Washington.
Entre los escenarios posibles, el tribunal federal en San Antonio podría ordenar que las leyes electorales de Texas se sometan a una revisión del gobierno federal, y podría ordenar más modificaciones a los mapas electorales.
El litigio podría llegar a las puertas del Tribunal Supremo si una de las partes decide impugnar el eventual fallo del tribunal en San Antonio, lo que tendrá grandes repercusiones para ambos partidos.
Decenas de activistas de grupos cívicos realizaron una protesta frente al tribunal para exigir la plena protección del derecho a voto de las minorías en Texas.
