Cárcel en la que murió una afroamericana participa en programa “287g” contra indocumentados
La cárcel del condado Waller, en Texas, fue un foco de protestas nacionales tras el suicidio de la joven Sandra Bland ocurrido en 2015
El suicidio de Sandra Bland en una cárcel movilizó a los defensores de los derechos civiles. Crédito: KENA BETANCUR/AFP/Getty Images
WASHINGTON – Una cárcel en el Condado Waller, en Texas, que estuvo bajo los reflectores en 2015 tras la muerte de una presa afroamericana, vuelve a la palestra nacional al participar en el programa “287g” para ayudar a cazar a inmigrantes indocumentados.
El caso de la afroamericana Sandra Bland suscitó titulares en todo EEUU luego de que ésta presuntamente se colgó en su celda el 13 de julio de 2015, tres días después de que fue arrestada por una infracción de tránsito.
Aún con el pobre historial de protección para Bland, la cárcel acaba de ser incluida en los contratos suscritos entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y 19 de los 254 condados en Texas, bajo el controvertido programa “287g”.
El programa, reactivado por la Administración Trump, permite que las autoridades locales y estatales actúen también como agentes de Inmigración para identificar y arrestar a inmigrantes indocumentados.
Estos acuerdos de ICE, que ahora totalizan 60 – en comparación con tan sólo seis entre 2012 y 2016 bajo la Administración Obama-, funcionan tanto a nivel de las comunidades como en las cárceles.
En entrevista telefónica con este diario, Astrid Domínguez, estratega sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en Texas, afirmó hoy que es “preocupante” que una cárcel con el historial que tiene la del Condado Waller haya sido premiada con un contrato “287g”.
“Ya es preocupante que los alguaciles quieran participar en ese programa dentro de sus cárceles. Es aún más preocupante que esté incluida la cárcel del Condado Waller, donde murió Sandra Bland, y ya había preocupación con el asunto del perfil racial y posibles violaciones a los derechos constitucionales”, señaló Domínguez.
El programa “287g” no mejora la seguridad ciudadana y desvía recursos de la seguridad pública para hacer cumplir las leyes de Inmigración, y “esa no es tarea de un alguacil… su misión es proteger a la comunidad, no hacer la labor de ICE”, enfatizó la activista.
“No importa si el programa se aplica en las calles y comunidades o en las cárceles. Es problemático por donde lo veas… la comunidad va a estar horrorizada de los agentes, se destruye la confianza que pueda haber con los alguaciles”, dijo.
Retórica v. realidad
Las autoridades de ICE defienden el programa “287g” como una herramienta más para reforzar la seguridad ciudadana y sacar de las calles a extranjeros con expedientes criminales.
Aseguran, además, que los agentes no persiguen a testigos o víctimas de crímenes, por lo que, contrario a lo que alegan activistas, no se pone en peligro la cooperación y las relaciones entre la policía y la comunidad.
Sin embargo, Domínguez replicó que, tomando en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dejado en claro que ahora ningún inmigrante indocumentado está salvo, es imposible creer en la palabra de ICE.
“Si ahora ya no existen las prioridades (de deportación) y todos están en la mira, ¿Cómo pueden las víctimas y testigos de un crimen tener la certeza de que si hacen una denuncia no serán puestos en la vía a la deportación?”, observó Domínguez.
Además de la cárcel en Hempstead (Texas), otras cárceles en condados de estados como California, Florida, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, y Virginia, participan en el programa “287g”.
La polémica muerte de Bland
Aunque las autoridades dijeron en su momento que se trató de un “suicidio”, su muerte produjo protestas callejeras y acusaciones de violencia racial.
Al parecer, Bland había denunciado que fue víctima de una violación sexual en esa cárcel a manos de un reo, que había entrado en su área para realizar labores de limpieza pese a que no tenía autorización para estar allí.
Una investigación en marzo pasado determinó que las autoridades de la cárcel habían violado varios protocolos respecto a la supervisión de los reos y la capacitación de empleados, además de que debían poner en marcha reformas para evitar incidentes como el ocurrido contra Bland. Posteriormente, la cárcel también falló una inspección estatal al no cumplir con reglamentos que prohíben mezclar a hombres y mujeres en una misma área.
Tras el incidente de Bland, “¿Cuánta supervisión y cuánta rendición de cuentas hay en esa cárcel, especialmente ahora que adentro hay agentes de la oficina del alguacil haciendo las veces de agentes de Inmigración? es algo preocupante”, puntualizó Domínguez.
ICE ha dicho que, conforme lo permitan los recursos, planea “continuar una tasa de expansión más alta” este año.
La lista completa de condados se encuentra aquí
