Suplicó ser deportada: inmigrante detenida afirma que fue obligada a defecar en bolsas

La mujer prefirió perder su hogar y ser separada de sus hijos que seguir viviendo en el centro de detención

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Suplicó ser deportada: inmigrante detenida afirma que fue obligada a defecar en bolsas
Una mujer indocumentada espera su deportación.
Foto: John Moore / Getty Images

A principios de octubre, una inmigrante hondureña suplicó ser deportada, en lugar de seguir como reclusa en el Centro de Detención West County en el norte de California.

Ser deportada implicó perder su hogar en la ciudad de Fontana, así como ser separada de sus hijos.

No obstante, Dianny Patricia Menéndez prefirió ser expulsada de Estados Unidos, país que fue su hogar por 20 años. Las condiciones en el centro de detención se habían vuelto insoportables, explicó en entrevista con el diario San Francisco Chronicle.

De acuerdo con Menéndez, de 38 años, las celdas no cuentan con inodoros, y las mujeres detenidas son obligadas a esperar a que las autoridades las dejen salir al baño.

A veces, dijo Menéndez, las reclusas permanecen encerradas por hasta 23 horas. En su relato, ella describió el sonido de las demás reclusas gritando y golpeando contras las puertas.

La alternativa que se les daba, afirmó la inmigrante hondureña, era defecar en bolsas de plástico, las cuales algunas mujeres colocaban dentro de basureros para luego sentarse en cuclillas sobre ellos.

Durante la entrevista, Menéndez también dijo que los guardias suelen cancelar la hora de “tiempo libre” que se les otorga a las reclusas para bañarse, llamar a sus familias y limpiar sus celdas.

Tras su testimonio, el San Francisco Chronicle confirmó que no hay inodoros en las celdas del centro de detención, el cual está bajó la jurisdicción del Departamento del Sheriff del Condado de Contra Costa, quien tiene un contrato de $6 millones con el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las autoridades del centro de detención negaron las acusaciones de Menéndez.

Los legisladores Mark DeSauliner y Nancy Skinner han pedido que Xavier Becerra, fiscal general de California, y Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, realicen una investigación independiente sobre las denuncias, que han sido corroboradas por decenas de quejas semejantes por parte de otros reclusos.