Políticos relacionados con caso Iguala y violencia en Guerrero quieren ser legisladores

MÉXICO – Aún puede verse el luto de los padres de los estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa que no se resignan a dar por muertos a sus 43 hijos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, pero los partidos políticos quieren dar borrón y cuenta nueva y afianzar a su gente en el congreso local y el federal, aunque ésta sea sospechosa de ser parte de organizaciones criminales.

Mientras continúan montadas las casa de campaña de las familias que piden justicia frente al Palacio de Gobierno del estado y la Procuraduría General de la República (la versión oficial de que fueron asesinados y quemados por narcotraficantes no les convence), una decena de políticos se anotaron en las listas para ser candidatos por diversos partidos, pero principalmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) .

Destaca entre ellos, Lázaro Mazón, exoperador de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, a quien acusan de haber impuesto al al alcalde de Iguala, Ricardo Abarca, quien llegó con toda una parentela política de la organización criminal Guerreros Unidos que disputaba la zona con el cártel de Los Rojos.

Mazón, quien fue además Secretario de Salud durante la administración de  Angel Aguirre (quien dimitió por el caso Iguala), se anotó como precandidato local del PRD por el distrito 22, mientras Bernardo Ortega, otro polémico candidato por ser parte de la banda  Los Ardillos (junto con sus hermanos Ivan y Celso) busca ser diputado en Tixtla.

El expresidente municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez, quien salió volando en un helicóptero del gobierno tras ser amenazado presuntamente por delincuentes de La Familia Michoacana por “venderse“ a la organización de Guerreros Unidos, también quiere lo suyo: otra diputación por la zona como  lo intentó el exgobernador Angel Aguirre  por el Distrito VIII de la Costa Chica (la zona del estado pegada a Oaxaca).

A principios de año, Aguirre se presentó en un acto proselitista en busca de una curul cuando los padres de los normalistas lo interceptaron para gritarle “sinvergüenza’’, “asesino’’, ¿dónde están mis hijos? Poco después renunció a sus aspiraciones.

A  una escala más alta, los exalcaldes de Acapulco, Félix Salgado Macedonio y Luis Walton, acusados de dejar entrar y operar al cartel de los Beltrán Leyva cuando éstos se separaron del cártel de Sinaloa, y de convertir al otrora glorioso puerto turístico en el reguero de sangre actual, también aspiran a puestos de gobierno.

El editor del periódico local El Guerrerense, Miguel Angel Arrieta, observa que los partidos apuestan a esta figuras aunque sean polémicas porque son populares en sus regiones de origen y garantizan un relativo control  (autoritario, no por leyes). “En el fondo, lo ideal sería seleccionar candidatos por sus resultados, no por su popularidad. México requiere trabajo, no políticos’’, dijo.

Otra de las causas que genera que este tipo de figuras sigan activas es la impunidad. “Mientras no se investigue y se determine qué pasó yo tengo autoridad de hacer campaña, no tengo nada de qué avergonzarme“, se defendió Aguirre cuando fue interceptado por los adoloridos padres de Ayotzinapa.