Más escándalos de corrupción acechan a las universidades mexicanas
Actos de corrupción. Crédito: Shutterstock | Shutterstock
MEXICO.- Cuando un crimen queda sin castigo me multiplica. De eso dan cuenta miles de casos en este país que en los últimos días tiene en la mira a 11 universidades públicas por presunto desvío de dinero sin justificar, además de empresas fantasmas que habrían enviado millones a cuentas de bancos en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos.
El más reciente caso, se encuentran en el aire 95 millones de dólares de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya titular, Rosario Robles, había sido señalada previamente usar a las universidades para supuestamente desviar dinero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Sedesol junto con otras 11 dependencias de gobierno hicieron contratos con universidades públicas sin aparente justificación por alrededor de 42 millones de dólares entre 2014 y 2015, de los cuales, no se sabe qué paso con la mitad del dinero.
“En México, si decidimos cometer un delito, asaltar un banco o cualquier crimen y tenemos un 99% de probabilidades de que no nos hagan nada, de que no haya seguimiento ni sentencia, eso envía señales de se pueden cometer crímenes y no habrá consecuencia’’, advirtió Aurelio Collado, analista político y catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
El problema con el mal manejo de fondos que detecta anualmente la ASF es que dependen de que les dé seguimiento la Procuraduría General de la República (PGR), una dependencia que se vuelve juez y parte en muchos casos pues el titular de ésta puede ser aún removido por el Presidente y a éste no le conviene políticamente investigar a su propio gabinete.
“Estamos pidiendo a la PGR que investigue a Rosario Robles por ocho delitos al menos, que son tráfico de influencias, peculado, cohecho, fraude, ejercicio ilícito del servicio público, uso abusivo de las facultades, abuso de las funciones y enriquecimiento ilícito”, aseguró el diputado Jorge Álvarez al presentar la semana pasada el documento de denuncia penal.
Pero la PGR no ha informado el curso de la investigación.
Similar suerte corre la investigación sobre los 42 millones de dólares entregados a las universidades autónomas de Morelos, Estado de México, Tabasco y Playa del Carmen; de la Universidad Popular de Chontalpa, la Universidad Politécnica del Golfo de México y el Instituto Tecnológico de Tabasco que a su vez dieron contratos a 186 empresas inexistentes o falsas.
Según la investigación “La Estafa Maestra“, de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, esas empresas no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
Entre las dependencias involucradas se encuentran Petróleos Mexicanos, el Fondo de la Vivienda Fovissste, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública , Economía y Agruicultura (además de Sedesol); Banobras y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentario.
La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.
La ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos. Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema. “Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”, advirtió Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación.
“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”, agregó: “hay que sancionar”.
Por el contrario, los funcionarios y rectores involucrados sólo han saltado de un puesto a otro: el ex secretario de Banobras, Alfredo del Mazo, es ahora gobernador del Estado de México; Enrique Martínez, el ex secretario de Agricultura, ya es embajador de México en Cuba; Idelfonso Guajardo sigue en el mismo puesto como titular de Economía igual que los rectores de las universidades.
