Sessions ordena enjuiciar a personas acusadas de cruces ilegales en la frontera

WASHINGTON.- Como parte de una nueva política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, el fiscal general, Jeff Sessions, ordenó este viernes a los fiscales en la frontera sur enjuiciar a toda persona acusada de infracciones migratorias en la zona.

“El ingreso ilegal en EEUU no será premiado, sino que se topará con los plenos poderes procesales del Departamento de Justicia”, dijo Sessions en un mensaje dirigido a los inmigrantes indocumentados.

Su oficina notificó hoy en un memorándum a todas las fiscalías a lo largo de la frontera del suroeste sobre la nueva “política de cero tolerancia”, y les pidió que enjuicien, con todo el peso de la ley, a inmigrantes acusados de cruce ilegale o intento de hacerlo.

El memorándum precisó que,  al estar en el “frente de batalla” contra los indocumentados, cada fiscalía deberá notificar si necesitará más recursos para echar a andar la nueva política para el procesamiento de los inmigrantes detenidos en la frontera.

“Recuerden,  nuestra meta no es simplemente más casos. Es poner fin a la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración”, enfatizó Sessions. 

Se calcula que alrededor de 300,000 personas son detenidas al año,  la mayoría de las cuales terminan en proceso de deportación.

Pero la oficina de Sessions no ha respondido a preguntas de este diario sobre si, como advierten activistas, habrá un cambio inminente en el proceso para solicitudes de asilo.

La decisión del titular del Departamento de Justicia se produjo un día después de la difusión de los nuevos datos de arrestos en la frontera sur el mes pasado, y que demostraron un aumento del 203% respecto a marzo de 2017.

Las cifras también reflejaron un aumento del 37% respecto a febrero pasado, en lo que supone el mayor incremento de un mes a otro desde 2011.

Haciéndose eco de las quejas del presidente Donald Trump, Sessions afirmó que la situación en la frontera sur es “inaceptable”, y condenó que el Congreso no ha podido aprobar una ley que cierre las “lagunas peligrosas” y financia en su totalidad el prometido muro fronterizo.

Es el mismo argumento que Trump y varios miembros de su Gabinete han repetido sin tregua desde principios de semana, en parte para justificar el eventual despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur en los próximos meses.

Para la Administración, la reciente “caravana” de 1,500 migrantes centroamericanos en México, la mayoría de Honduras y que se dirigía a la frontera sur,  es otra prueba de que EEUU está siendo “invadido” por personas que violan las leyes migratorias, pero omite que, bajo el derecho internacional, los migrantes tienen derecho a pedir asilo y al debido proceso.

Debido a la inacción del Congreso, continuó Sessions, ha surgido una “crisis” en la frontera sur que exige una respuesta contundente, mediante el enjuiciamiento de quienes cruzan ilegalmente la frontera.

Sessions pidió a los fiscales de su agencia que colaboren en el cumplimiento de las leyes porque es “vital para proteger a la nación, sus fronteras, y sus ciudadanos”.

En abril de 2017, Sessions emitió un memorándum en el que pidió que los fiscales federales dieran prioridad al procesamiento judicial de ciertas “infracciones migratorias criminales”.

El anuncio de hoy está dirigido en particular a los fiscales en el distrito sur de California, los distritos de Arizona y Nuevo México, y el distrito sur de Texas. La tarea encomendada es “adoptar una política para procesar” los casos referidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por violaciones a la “sección 1325 (a) de la ley migratoria.

Esa sección delinea castigos de multas y detención carcelaria por el ingreso ilegal, o intento de ingreso, de personas por la frontera sur fuera de los puntos de entrada, o que ingresan con documentos falsos.

También castiga el fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios con penas de hasta cinco años en prisión o multas de hasta $250,000, o ambas.

El pasado 30 de marzo, con el pretexto de reducir la montaña de casos pendientes en los tribunales de Inmigración, Sessions también impuso a los jueces de Inmigración una cuota mínima de 700 casos al año para agilizar las deportaciones, como condición para obtener una evaluación “satisfactoria”.

En esa ocasión,  los abogados de inmigración y el sindicato de jueces condenaron advirtieron de que esa medida pondrá en riesgo la integridad e independencia jurídica de los tribunales, y agravará las demoras en los tribunales, porque muchos inmigrantes presentarán apelaciones de sus casos.

Grupos pro-inmigrantes en todo el país han sumado fuerzas para denunciar la nueva política migratoria de la Administración Trump que, en el marco de su agenda nacionalista de “EEUU primero”,  ha recrudecido el combate contra la inmigración ilegal y ha dificultado aún más los procesos de asilo y refugio político.