Se multiplican llamados a que el gobierno cese política expresa de separar a familias migrantes

Una medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alega que se trata de una violación de derechos humanos a gran escala y una violación sin precedentes de derechos infantiles

Migración de centroamericanos.
Migración de centroamericanos.
Foto: EFE

Por quinta  vez en los últimos dos años, abogados de derechos humanos han pedido la intervención de organismos internacionales en el trato que Estados Unidos da a los inmigrantes y, en esta ocasión, solicitan una medida cautelar para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordene la reunificación de cinco familias separadas en la frontera.

Los abogados solicitantes informaron además que tan sólo en la corte federal de McAllen, en Texas, cada día llega un promedio de 70 personas arrestadas en la frontera para enfrentar cargos de entrada ilegal, de las cuales entre 25 y 40 % venían con hijos y han sido separados de ellos.

Efrén Olivares, director de justicia del Texas Civil Rights Project, ha estado presente en esa corte junto a otros letrados documentando los migrantes que llegan allí a recibir cargos, luego de ser arrestados en la frontera.

“El gobierno está acusando sistemáticamente a personas que cruzan por primera vez y se han enfocado especialmente en los que llegan con niños”, dijo Olivares. “Son docenas de personas, esta mañana fueron 72, y una cantidad similar cada día durante las últimas semanas”.

Ese número es solo en ese tribunal y, según el abogado, está ocurriendo también en otras cortes federales cercanas a la frontera.

Según los testimonios de los letrados, las acusaciones y separaciones ocurren sin que las familias tengan la oportunidad de dar un primer paso hacia el asilo. En algunos casos los migrantes deportaron que habían preguntado pero que les dijeron que “ya no está disponible”.

Hace días el gobierno admitió que había separado a más de 600 familias. Ese número hoy debe ser mucho mayor.

En cuanto a la fuerza legal de una posible medida cautelar de la Comisión, los abogados reconocieron que la principal fuerza de una declaración como esta es “moral” aunque, en el pasado, Estados Unidos ha aceptado las medidas de la comisión como una autoridad importante.

El cuerpo internacional, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos OEA, está a cargo de la promoción de derechos humanos en las Américas y tiene 35 países miembros, entre los que se encuentra Estados Unidos.

“Las cauciones de la comisión tienen fuerza legal, ya que los estados miembros están comprometidos legalmente a cumplir los acuerdos internacionales de derechos humanos”, dijo Denise Gilman, directora de la escuela de leyes de la Universidad de Texas.

Condenas a la política y solicitud de cese

Al mismo tiempo, en Estados Unidos se han multiplicado los llamados a suspender esta práctica sistemática.

Este viernes, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al fiscal general de los EEUU, Jeff Sessions, exigiendo que la administración del presidente Trump cese inmediatamente la política de separar a los niños de sus padres en la frontera con México.

La carta fue encabezada por el presidente del Caucus Demócrata Joe Crowley y la líder demócrata Nancy Pelosi, y fue firmada por el coordinador de la bancada demócrata (Whip) Steny H. Hoyer, el líder asistente demócrata James E. Clyburn y la vicepresidenta del Caucus Demócrata Linda Sánchez.

Igualmente, la ex candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton dijo, en una serie de tweets publicados hoy, que la medida es una “desgracia” y que es la primera vez en la historia de este país que el gobierno de Estados Unidos “activamente toma una postura antiinfancia”.

Las cinco familias mencionadas en la solicitud ante el organismo son tres padres y dos madres, cuatro son de Guatemala y uno de El Salvador. Entre todos, han sido separados de siete hijos de edades entre 7 y 16 años. Uno de los niños no ha podido ser ubicado por los abogados en los sistemas del gobierno estadounidense.

Por su parte, la senadora Dianne Feinstein dijo que estaba trabajando en un proyecto para ilegalizar la separación de familias, pero con un congreso de mayoría republicana, no está claro si podrá tener éxito.

Grupos evangélicos que por años han trabajado en pro de la reforma migratoria llamaron al presidente y a su gobierno al cese de esta práctica, que también está siendo condenada por editoriales periodísticos de los principales periódicos del país.

¿Qué está pasando?

Cada día, docenas de migrantes que acaban de cruzar la frontera, muchos con sus hijos pequeños, llegan a la corte de Estados Unidos en McAllen, Texas, y allí son rápidamente procesados por un delito federal: entrada ilegal o “reentrada” ilegal.

La principal preocupación de muchos de ellos, sin embargo, es que las autoridades fronterizas los separaron de sus hijos al entrar y no tienen idea de donde están, ni de cuándo volverán a verlos, explicó Efrén Olivares, director de justicia del Texas Civil Rights Project.

La separación familiar de familias migrantes que pretenden solicitar asilo se ha convertido en la política de facto del gobierno del Presidente Trump desde que el procurador de la nación anunciara una “cero tolerancia en la frontera”.

Hasta ahora, las familias migrantes que llegan por México y piden la protección de un proceso de asilo, habían permanecido juntas en centros de detención, bajo medidas alternativas como los grilletes electrónicos o liberadas bajo otras condiciones.

Adicionalmente, la decisión de presentar un cargo penal a la persona adulta implica la separación de la familia y el envío del niño a refugios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

“En mis años trabajando con solicitantes de asilo, nunca he visto una política tan cruel y sistemática como esta”, dijo Denise Gilman, directora de la Escuela de leyes de la Universidad de Texas, explicando que la única forma de pedir asilo en Estados Unidos es presentándose en la frontera o cruzándola para entregarse.

Cinco familias separadas

Las cinco familias que referencia la solicitud son :

Vilma Aracely Lopez Juc de Coc y su hijo de 11 años. La mujer escapó de su pueblo en Guatemala luego del brutal asesinato de su esposo.  No ha visto a su hijo desde el 22 de mayo y le dijeron que sería deportada pero no donde habían enviado a su hijo.

Antonio Bol Paau y su hijo de 12 años, llevaron a los dos a un centro de detención y pusieron al adulto en una celda, dejando a su hijo afuera. Luego, lo sacaron de la celda y su hijo ya no estaba. No pudo despedirse de él y cuando preguntó qué había pasado le dijeron que lo vería “mañana”. Eso fue el 22 de mayo.

Leonel CHub Cucul y su hijo de 11 años. Arrestados entrando al país y los agentes se llevaron a su hijo, sin decirle adonde. Leonel dijo a los abogados que si lo deportaban sin su hijo “se moriría de tristeza”.  Ahora lo único que quiere es estar con él de nuevo.

María Andrés de la Cruz y sus tres hijos, edades 11, 8 y 7 años. La mujer fue arrestada en mayo 22 y la pusieron junto a sus hijos en una celda helada o “hielera” de las autoridades fronterizas. Dijo que no le preguntaron por qué salió de su país, que es una pregunta estandar en estos casos. Luego de procesarla, le quitaron a sus hijos y que los vería después de la corte, lo cual no ha ocurrido.

Dagoberto A. Melchor Santacruz y su hijo de 16 años. Los agentes le dijeron, según declaró, que el “asilo no estaba disponible” y que no podía estar con su hijo, que es sordo de un oido y sufre de sangrado por la nariz. Dagoberto está preocupado por la salud de su hijo.