Consecuencias de la guerra civil salvadoreña, un fantasma que prevalece

Decisiones en Washington amenazan con dividir a la familia salvadoreña por segunda ocasión.
Consecuencias de la guerra civil salvadoreña, un fantasma que prevalece
Activistas que luchan por el TPS para los salvadoreños entregarán un documento al cardenal Rosa Chávez sobre sus actividades.
Foto: Suministrada

Miles de personas que escaparon de la guerra civil de El Salvador para salvar sus vidas, se ven afectadas una vez más con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS).

No hay un número exacto, pero la mayoría de las 195,000 personas perjudicadas con la cancelación del programa, fueron afectados directa o indirectamente por el conflicto que duró 12 años donde Estados Unidos apoyó con dinero, armas y entrenamiento al ejército cuscatleco.

Douglas Carranza, director de Estudios Centroamericanos en la Universidad Estatal de California Northridge, dice que no le parecía descabellada la idea de pensar que la mayoría de salvadoreños amparados bajo el TPS vivieron las atrocidades del conflicto o tienen familiares o amigos que perecieron durante la guerra.

El profesor subrayó que hay un vínculo muy directo entre la política exterior de Estados Unidos y las consecuencias que se desataron a raíz de la guerra.

Ambas decisiones se tomaron desde Washington y hasta la fecha este ha sido el saldo: la guerra dejo 75,000 personas muertas y un millón de desplazados; mientras que hoy, con la cancelación del TPS, 195,000 personas estarán sujetas a la deportación a partir de septiembre de 2019.

Carlos Henríquez Consalvi, alias Santiago, locutor de Radio Venceremos, una radio clandestina durante el conflicto, indicó recientemente en su visita en Los Ángeles que Estados Unidos tenía una deuda histórica con el pueblo salvadoreño, y enfatizó que la cancelación del TPS es simplemente una muestra del continuo dolor que decisiones en Washington han causado al pueblo centroamericano.

Un exsoldado durante la guerra de El Salvador y que fue entrenado en la Escuela de las Américas por Estados Unidos, pero que ahora es un hombre de negocios en Downey, concordó que el TPS debía ser renovado porque considera que un gran número de personas amparadas al TPS habían salido de El Salvador durante la guerra; no obstante, prefirió permanecer en el anonimato y no hablar sobre la deuda moral de la que habló Consalvi porque difiere de esa idea.

¿Tiene EEUU responsabilidad con los salvadoreños?

El reporte de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas sobre la guerra civil de El Salvador en 1993, indica que el Ejército salvadoreño respaldado por Estados Unidos, fue responsable de un 85% de las atrocidades y abusos de derechos humanos durante los 12 años que duró el conflicto.

Una vez terminada la guerra, en 1992, el presidente Bill Clinton autorizó una revisión de los documentos clasificados relacionados con el país centroamericano ya que se hablaba de una clara “ocultación deliberada de crímenes contra los derechos humanos en El Salvador”, como lo explicó el diario The New York Times en su editorial de 1993 “Exponiendo las mentiras sobre El Salvador”.

En el reporte de la comisión reveló que el Ejército salvadoreño cometió las peores atrocidades y abusos a los derechos humanos, mientras que los documentos también expusieron que los altos funcionarios de la administración Reagan sabían más de lo que se explicaba al Congreso y a la opinion pública sobre el conflicto, incluyendo el asesinato de Monseñor Romero en 1980, de los asesinatos de las cuatro monjas estadounidenses a finales de ese mismo año, la matanza de El Mozote en 1981, y de los asesinatos de los seis jesuitas en 1989, entre otros.

Uno de los documentos desclasificados que más llamó la atención, fue el cable de 27 páginas que el embajador Robert White escribió en1980 a las autoridades en Washington.

En el documento, de acuerdo con Raymond Bonner, corresponsal de The New York Times y que más tarde lo perpetuó en su libro “Weakness and Deceit: U.S. Policy in El Salvador”, White advierte al gobierno estadounidense que el origen del conflicto eran décadas de gobiernos opresivos que mantenían al 80% de la población en la pobreza y sin ningún tipo de participación o voz.

En el documento, White menciona la injerencia de países como Cuba y la Unión Soviética, pero no como verdaderas amenazas ideológicas; y subraya que la influencia y las armas recibidas de dichos países a El Salvador eran mínimas y más bien para defenderse de las atrocidades cometidas por el Ejército, pero
nada comparado con el entrenamiento, dinero y personal militar que Estados Unidos le otorgó al ejército salvadoreño.

White fue desplazado de su cargo a menos de un mes de la toma de posesión de Ronald Regan.

En ese momento, para que el gobierno de Reagan pudiera seguir mandando dinero a El Salvador, se tenía que probar al Congreso que los derechos humanos de las personas no eran violados o que cada vez eran menos los abusos, pero las cosas parecían complicarse cada vez que las noticias llegaban desde El Salvador.

El 28 de enero de 1982, a un día de haber ocurrido la matanza de El Mozote donde casi 1,000 personas fueron ejecutadas, en su mayoría menores de edad, mujeres y ancianos, el president Reagan certificó al Congreso que el gobierno salvadoreño estaba progresando en cuanto al respeto de los derechos humanos.

Al final de la guerra, el gobierno estadounidense ayudó al Ejército salvadoreño con $4,500 millones de dólares, o sea, aproximadamente un millón diario. Además de dejar muerte, tortura, desplazamiento, desapariciones y violación a los derechos humanos a la población.

Orlando, un inmigrante que actualmente lucha en Los Ángeles por no ser separado de sus hijos a consecuencia de la cancelación del TPS, fue una de las personas que escaparon de la guerra. Refugiados o inmigrantes

Orlando salió de El Salvador en 1984 y ha vivido en Estados Unidos desde entonces. El ahora padre de familia de dos hijos, escapó de El Salvador para evitar ser reclutado por la guerrilla o por el ejército; no obstante, cuando aplicó por asilo político en Estados Unidos su petición fue negada.

El presidente estadounidense, según el artículo “Central Americans and Asylum Policy in the Reagan Era”, publicado por el Migration Policy Institute (MPI), Reagan no podía otorgar asilo político a las personas de El Salvador porque era como contradecir sus argumentos ante el Congreso sobre el supuesto progreso en cuanto a la violación de los derechos humanos por parte del ejército.

En 1984, del total de personas de Centroamérica que se cree solicitaron asilo, menos del tres por ciento pudieron obtenerlo. Mientras que a personas de países como Irán, quienes también escapaban de un conflicto armado, el 60% de las peticiones fueron aceptadas ese mismo año, según el mismo artículo.
En ese tiempo, el Departamento de Estado también estaba haciendo su trabajo para desanimar a las personas salvadoreñas a someter una solicitud de asilo. Los migrantes eran detenidos en la frontera y presionados para que firmarán su salida voluntaria. Miles de ellos fueron deportados sin la oportunidad
de ver a un abogado, según el Instituto.

Indocumentados

Al ser negada la petición de asilo político, la mayoría de las personas decidieron quedarse en Estados Unidos como inmigrantes sin documentos, aunque podrían ser deportados en cualquier momento.

Fue hasta el 2001, cuando dos terremotos sacudieron el país y simplemente completaron la tragedia que 12 años de guerra habían iniciado. En ese momento, Estados Unidos otorgó a los salvadoreños la entrada al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) con el que tenían derecho a trabajar legalmente en el país.

El programa que se renovaría cada 18 meses con una cuota de 495 dólares por persona y una examinación extensa sobre su carácter moral para evitar que se violen las leyes, se renovó en 11 ocasiones por administraciones demócratas y republicanas. Esto permitió que los cientos de miles de personas que se establecieron en diferentes estados de la nación se involucrarán en las comunidades a donde habían llegado, formarán una familia y trajeran al mundo a por los menos 192,000 niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos. Dos de ellos fueron los de Orlando.

“Yo fui separado de mis padres cuando tenía 17 años”, explicó Orlando. “Yo sé lo difícil que es estar lejos de la familia, crecer sin el apoyo de los padres. No quiero que mis hijos vivan los mismo”.

Actualmente Benjamín de 14 y Lisbeth de 12, asisten a la escuela y son voluntarios en la organización CARECEN, organización que ayuda a los inmigrantes. Lo menores expresaron que se siente desconcertados y preocupados de solo imaginar que un día lleguen a su casa de la escuela y se encuentren con la noticia de que las autoridades se han llevado a sus padres.

“No pasa un día sin que deje de sentir ansiedad por el simple hecho de saber que se pueden llevar a mis padres”, expresó Lisbeth. “Nosotros todavía estamos creciendo y estamos viendo que vamos hacer en la vida, pero si deportan a mis padres no vamos a tener ese apoyo que necesitamos”.

Si nada cambia legalmente en relación al TPS, las 195,000 personas de origen salvadoreño tendrán que abandonar el país a partir de septiembre de 2019, de lo contrario no tenderán protección legal y los agentes de migración podrían llegar en cualquier momento por ellos.

Esperanza en las leyes

De acuerdo al Center for Human Rights and Constitutional Law, se han presentado cuatro demandas en nombre de los amparados bajo el TPS que impugnan la terminación del programa. Cada demanda afirma que la cancelación del TPS por parte de la presente Administración se basa en la animadversión racial y
viola la Cláusula del Debido Proceso (DPC), la Cláusula de Igual Protección y la Ley de Procedimientos Administrativos…, además, el gobierno no ha proporcionado una base racional para revertir el TPS y por lo tanto privar arbitrariamente a los beneficiarios de TPS de sus intereses de propiedad y libertad.

Abogados del centro indican que si no hay un terreno legal para que los beneficiarios de TPS permanezcan en los Estados Unidos, pueden ser elegibles para permanecer en el país a través de otros programas de inmigración. Pueden intentar y ajustar su estado (Caso Ramirez) o solicitar el estado de
acción diferida individualizada. El ajuste de estado permite que un solicitante elegible se convierta en un residente permanente legal.

Para ser elegible para el ajuste de estado, el solicitante debe proporcionar evidencia de que ha estado físicamente presentes en los Estados Unidos; haber ingresado legalmente al país y tener la petición I-130 aprobada y vigente.

Además, los hijos de beneficiarios de TPS que tienen más de 21 años y son ciudadanos o residents permanentes, pueden presentar una petición I-130 para el estatus de residente permanente legal en nombre de sus padres.

El centro legal indica que los niños estadounidenses tienen un gran interés en no verse obligados a elegir, cuando cualquiera de las dos alternativas los privará de un aspecto sustancial de libertad protegido por la Constitución.

En conclusión, el centro argumenta que la decisión de terminar el TPS es una táctica de miedo inconstitucional y con carga racial utilizada por la administración Trump para infundir miedo dentro de la comunidad TPS. Agregan también que la presente administración ha proporcionado revisions inadecuadas de las condiciones actuales de los países de El Salvador, Haití, Nicaragua y el Sudán, y que deja a los beneficiarios ante una inminente deportación, a la separación de sus familias, a la pérdida de negocios y medios de subsistencia, y ante la posibilidad de vivir una mayor explotación dentro de la fuerza de trabajo.

Los activistas y abogados muestras optimismo, pero piden a la comunidad no confiarse y ver a un abogado especialista en migración cuanto antes. No esperar hasta el último momento.