Las preguntas más comunes sobre la crisis de refugiados y la separación de familias

Punto por punto, aclaramos las dudas sobre la medida de "cero tolerancia" ordenada por el gobierno de Trump.
Las preguntas más comunes sobre la crisis de refugiados y la separación de familias
El trato a menores migrantes está regulado por leyes contra el tráfico humano y acuerdos judiciales
Foto: Getty Images

¿Quiénes son las familias que están siendo separadas en la frontera?

Se trata de grupos familiares, principalmente mujeres y niños, que buscan refugio en Estados Unidos.  La gran mayoría proviene de tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras, pero también las hay de países como Cuba, China, Eritrea y otros.

La mayor parte del flujo, sin embargo, es de los tres países centroamericanos, donde desde hace ya casi una década se han registrado condiciones cada vez peores de violencia, pobreza y mal funcionamiento de las instituciones locales. Estos tres están entre los cinco países más violentos del hemisferio.

Organismos internacionales y expertos han catalogado la situación en el triángulo norte de Centroamérica como una “crisis de refugiados” y la organización Doctores Sin Fronteras, que trata a los migrantes en México, ha declarado que estos migrantes “experimentan niveles de sufrimiento que vemos en zonas de conflicto y son víctimas consuetudinarias de extorsión, amenazas, asesinato, reclutamiento por parte de grupos criminales, violencia sexual y desaparición, como si de una zona de guerra se tratara”.

¿Desde cuándo están llegando estas familias?

La situación no es nueva pero empeoró en los últimos cuatro años. En 2014 se registró un aumento en el número de menores no acompañados -muchos de ellos adolescentes- que llegaban ilegalmente a Estados Unidos. Muchos tenían familiares que estaban aquí desde hace mucho tiempo, la mayoría indocumentados o con estatus TPS. En algunos casos, los adolescentes escapaban solos.

En otros casos, las familias aquí intentaban salvar a los muchachos de la creciente violencia, que empeora cuando el joven o la joven alcanza la adolescencia: los varones enfrentan el reclutamiento forzoso de las pandillas, las muchachas son obligadas a ser novias de los mareros, las mujeres son víctimas de violencia por parte de esposos o familiares con amigos en la mara. Hay numerosos estudios y reportes de prensa -incluyendo muchos de La Opinión- donde se describen casos específicos que obligan a las personas a huir o a intentar salvar a sus familiares.

¿Por qué están siendo separados los niños de los adultos?

La separación familiar en masa comenzó en abril de ESTE AÑO. La cifra más reciente, dada por el DHS este viernes en una llamada con los medios, es que desde el 18 de abril y el 31 de mayo, separaron a 1995 niños de 1940 adultos.

Hasta el comienzo de esa nueva política y durante el gobierno de Barack Obama, las familias que llegaban y pedían asilo eran encarceladas en centros de detención familiar, liberadas con alternativas como un monitor electrónico en el tobillo o liberadas bajo palabra mientras se procesaba su asilo.

Hubo casos aislados de separación familiar cuando alguno de los padres tenía problemas pendientes con la ley estadounidense o cuando se sospechaba que el acompañante no era familia verdadera, pero nunca se aplicó una medida completa de “cero tolerancia” como la que anunció este gobierno a principios de abril.

El gobierno de Obama tenía un sistema de “manejo familiar de casos” que ayudaba a mantener juntas las familias más vulnerables y monitorear sus casos de asilo. También tenía la política de liberar a las migrantes embarazadas. El gobierno de Trump eliminó el sistema y decidió mantener presas a las embarazadas, entre otros cambios que se dieron bajo presión de activistas en los últimos años.

Bajo el anterior gobierno también se trabajó con el gobierno de México para que detuviera la migración en la frontera sur de México y se hicieron campañas informativas en los países centroamericanos para disuadir el viaje. Todo esto contribuyó a bajar el flujo temporalmente, hasta que comenzó a subir de nuevo en el último año.

¿Qué es la política de cero tolerancia?

La política de “cero tolerancia”, anunciada por el procurador Jeff Sessions en abril, decide por primera vez acusar del delito de entrada ilegal, un delito menor, a todos los adultos con niños que cruzan la frontera, cuando no lo hacen por las garitas fronterizas, sino que intentan colarse al país por las montañas, los desiertos o el Rio Grande.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo este viernes, en llamada telefónica con los medios,  que la opción para ellos era la de “ignorar la ley o hacerla cumplir”. No obstante, el gobierno federal siempre aplica la discreción procesal en estos casos y decide cuáles son los más graves y cuáles tienen un componente humanitario o no afectan la seguridad nacional, sólo que este gobierno eliminó esta diferencia. ”

El portavoz de DHS, que habló desde el anonimato dijo que el gobierno de este país “ya no exime a categorías de personas de las consecuencias de sus actos ilegales” y que el aumento en la llegada de familias no se debe a que son refugiados o hay problemas en sus países, sino a que, supuestamente, sabían que podían venir a vivir aquí y ser liberados mientras esperaban su asilo.

Donald Trump y Jeff Sessions han tenido palabras aún más duras contra los centroamericanos, incluyendo los niños. Sessions considera que la mayoría de los casos de asilo son fraude y que vienen “porque saben que pueden violentar la ley” y ha sugerido que miles de pandilleros de la MS-13 entran al país de esta manera.

El presidente ha dicho que se trata de menores que “explotaron los huecos en la ley” y que “no son tan inocentes”.  El mete en el mismo saco a los menores que vienen solos y a los que vienen con sus familias y culpa a los demócratas de la ley que supuestamente “obliga” al gobierno a separar las familias.

¿Es verdad que la separación es una ley demócrata? (esto dice Trump)

Al menos una ley federal y un acuerdo judicial (FLORES) que data de 1997, regulan el trato a estos menores. Son leyes de los Estados Unidos, no leyes “demócratas”.

No hay, sin embargo, ninguna ley que diga que hay que separar a padres de los hijos. La decisión del gobierno de meter en la cárcel por unos días a los adultos, acusándolos de un delito menor por “cruzar ilegalmente”, es lo que obliga a la separación. “En ninguna parte de este país se pide que los adultos que van a la cárcel sean acompañados por sus hijos”, dijo este viernes un portavoz del DHS, que habló desde el anonimato.

No obstante, sí hay leyes que regulan el trato a los menores de edad.

El Acta de Protección de Víctimas del Tráfico (TVPRA), una ley aprobada en 2008, ordena que los menores que vienen de países no contiguos a Estados Unidos sean entregados al  Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS),a  cargo de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que tomará custodia de ellos mientras el menor es reunificado con algún familiar o puesto en proceso de deportación. También ordena que el menor esté en un entorno lo “menos restrictivo posible” y que sea entregado a familiares de ser posible, además de tener acceso a asistencia legal.

El Acuerdo FLORES fue producto de una demanda que el centro por los Derechos Humanos y Ley Constitucional de Los Ángeles  presentó en 1985 contra el gobierno de Estados Unidos. La demanda buscaba mejorar las condiciones de detención, trato y liberación de menores refugiados. La demanda fue litigada por años, incluyendo una apelación hasta la Corte Suprema y las partes llegaron a un acuerdo en 1997.

El acuerdo, aprobado por los tribunales federales, fue el siguiente: se requiere que el gobierno libere a los menores, sin retraso innecesario, a padres, otros familiares adultos o programas de cuidado con licencia que estén dispuestos a aceptarlos. Si no hay donde colocarlos, el gobierno debe mantener a los menores en el entorno “menos restrictivo posible”. También se establecieron estándares de cuidado y trato de los niños, incluyendo salud y educación.  Toda esta demanda fue producto de otra crisis de refugiados que ocurrió en los años de las guerras centroamericanas.

¿Qué tipo de servicios reciben estos menores por el gobierno?

La ORR contrata a una serie de refugios, en su mayoría organizaciones no lucrativas como Southwest Key, que se supone tienen un alto nivel de calidad y cuentan con licencias por los estados donde funcionan. Entre los servicios que ofrecen a estos menores están educación, salud, recreación, entrenamiento, salud mental y reunificación familiar.  Mientras el año pasado se reportó que Southwest Key había despedido a empleados debido a la reducción en el cruce de menores no acompañados, este número comenzó de nuevo a aumentar en término de los cruces y por la política de mandar también allí a los menores que venían con familiares pero que son separados.

Al no darse abasto, el gobierno federal se prepara a contratar nuevos espacios para colocar a los niños migrantes. Las noticias más recientes indican que el gobierno va a erigir grandes tiendas de campaña en Tornillo, Texas, para poner a unos 450 menores.

¿Qué otras opciones tiene el gobierno que no sean las de separarlas?

El gobierno de Trump afirma que no tiene opciones y que solo está acusando penalmente a familias que cruzan la frontera ilegalmente en vez de presentarse en las garitas. La acusación penal hace que se lleven al adulto a una prisión y al menor a un refugio, separándolos. Los adultos son condenados en audiencias frente a un juez federal, generalmente en masa, junto a otros 80 o 100 acusados, y están recibiendo condenas por “tiempo servido”, es decir, por unos días en la cárcel. Después de cumplidos esos días, entonces van a centros de detención y, según un portavoz de DHS durante una llamada este viernes “comienza el proceso de reunificación”.

No obstante, activistas han acusado que el proceso de reunificación a menudo no sucede, porque el adulto es deportado y el menor queda atrás, en manos del gobierno.

La opción para el gobierno sería hacer lo que estaba haciendo el gobierno de  Obama: detener a estas familias juntas en centros especiales, reactivar el “case management system” para las familias más vulnerables y aplicar la discreción a la hora de decidir en la criminalización de los adultos que buscan asilo con sus hijos. Esta no parece una opción a la que este gobierno está dispuesto.