Jueza federal ordena traslado de niños migrantes de instalación con historial de abusos en Texas  

WASHINGTON— La jueza federal Dolly Gee ordenó este lunes el traslado de niños inmigrantes indocumentados alojados en una instalación de inmigración en Texas donde se han registrado casos de abusos contra menores, incluyendo detención indefinida y uso de medicamentos psicotrópicos.

La decisión de Gee se produjo cuatro días después de que la Administración Trump incumpliera el plazo impuesto por otro juez federal, Dana Sabraw, para completar la reunificación del resto de los más de 2,500 menores bajo custodia federal.

Gee indicó que las condiciones en el Centro Residencial Shiloh, en Manvel (Texas) violan el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que estableció las condiciones para la detención de niños no acompañados o que fueron separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera.

La jueza, que preside un tribunal en Los Ángeles (California), pidió que las autoridades federales trasladen a los menores a otro albergue, a menos que un psiquiatra evalúe a cada uno y corrobore que sí representan un riesgo para sí mismos y para los demás.

Gee no ordenó el cierre del centro Shiloh pero sí exigió cambios para que la instalación “cumpla con todas las leyes y regulaciones de Texas” respecto al bienestar de los niños, incluyendo el consentimiento expreso de los padres o guardianes para el suministro de medicamentos psicotrópicos, y permitir que los menores puedan hacer llamadas telefónicas y tengan amplio tiempo libre.

Según Gee, los empleados en el centro en Manvel suministraron medicamentos psicotrópicos a los niños sin el conocimiento o consentimiento de sus padres, y les impusieron condiciones de encierro punitivas.

Ese centro es uno de alrededor de un centenar de albergues a cargo del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), adonde son trasladados los niños y jóvenes que entraron ilegalmente a EEUU con o sin sus padres.

Durante una audiencia el viernes pasado, Gee ordenó la designación de un inspector independiente para que evalúe las condiciones en algunos de los centros de detención que han registrado denuncias de abusos.

Demandan a Administración por detención prolongada y abuso de niños inmigrantes

La jueza dio plazo hasta el próximo 10 de agosto al Departamento de Justicia y a grupos cívicos que han demandado al gobierno para que recomienden a la persona que asuma las funciones del “monitor independiente”, o de lo contrario ella lo designará de entre una lista de candidatos. El individuo en cuestión evaluará las condiciones en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza a lo largo del Valle del Río Grande en Texas.

Consultado por este diario, el Departamento de Justicia no quiso emitir una declaración sobre la nueva orden de hoy de Gee pero, en general, ha defendido la política de “tolerancia cero” en la frontera sur, que ha generado el rechazo de grupos cívicos y organismos internacionales.

Frente a las críticas de grupos defensores de los inmigrantes, las autoridades del HHS dijeron en su momento que esos centros de detención están adaptados para niños y jóvenes con ciertos problemas de salud mental o que suponen un riesgo de seguridad.

Para la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de California en Davis, que entabló una demanda en nombre de niños bajo custodia federal, la orden de Gee es una victoria debido a que las autoridades antes ni siquiera explicaban por escrito por qué los menores eran trasladados a instalaciones de alta seguridad. “Los niños no estaban recibiendo notificación de por qué se les llevaba allí… nosotros vemos esto (la orden de Gee) como una victoria”, dijo Holly Cooper, codirectora de la clínica legal.

Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y una de las líderes de la coalición “Families Belong Together”, aplaudió la decisión de la jueza Gee, por considerar que su orden confirma que los niños están sufriendo “trato abusivo y condiciones crueles e inhumanas” en los centros de detención.

“Los niños pertenecen juntos con sus familias, no con miedo, solos y sujetos a abuso en condiciones parecidas a cárceles”, agregó Morales Rocketto, quien calificó la designación de un inspector y el traslado de los niños a mejores instalaciones como “un buen primer paso” pero no suficiente.

La activista recordó que la Administración ya deportó a más de 400 padres sin sus hijos, y su obligación ahora es ubicarlos de inmediato, y reunificar a los 650 niños que aún permanecen bajo custodia federal después de que fueron separados de sus padres.