Las escuelas de Los Ángeles no son seguras, según nuevo informe

Pese a ser un líder en seguridad, el Distrito Escolar Unificado de L.A. presenta vulnerabilidades significativas

Estudiantes del condado de LA.  (Archivo)

Estudiantes del condado de LA. (Archivo) Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión

Malas noticias para la seguridad escolar: un nuevo informe emitido el lunes indica que, aunque el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo sistema escolar más grande del país, se ha mantenido como un líder en seguridad escolar, todavía presenta vulnerabilidades significativas. Y, tal y como señala Mike Feuer, abogado de la ciudad quien armó el panel, “con los riesgos tan altos, debemos esforzarnos en hacerlo mejor”.

Así, el informe indica medidas de seguridad inconsistentes en el campus, personal de salud mental escasamente distribuido y una coordinación inadecuada entre el distrito escolar y otras agencias públicas.

El grupo de 21 miembros se organizó poco después del tiroteo que mató a 17 personas en Parkland, Florida, conmoviendo a la nación. Tuvo una amplia visión de los esfuerzos de seguridad dentro y fuera del campus, incluido el control de armas, rutas más seguras hacia y desde la escuela y la unificación de enfoques de aplicación de la ley en los vecindarios.

Para empezar, el panel recomendó establecer un director de seguridad del distrito escolar distinto del jefe de policía escolar del distrito, que ya trabaja con otras agencias policiales y el jefe de servicios de salud mental del distrito, que también ha establecido conexiones con agencias externas.

Una debilidad importante radica en el diseño de los campus más antiguos, que fueron diseñados antes de que los arquitectos se preocupara por los tiradores activos. Más de 200 campus de distrito carecen de un control de acceso seguro. Además, no todas las puertas de las aulas pueden cerrarse desde adentro, un problema que el distrito afirma tener pendiente de solución.

En relación a esto último, es preocupante el fenómeno relativamente reciente de las escuelas públicas tradicionales que comparten sus campus con escuelas charter independientes. Y es que, conforme a la ley de California, las escuelas charters tienen el derecho legal de disponer de espacio y, a menudo, usan una parte de un campus que está separado de la escuela de acogida y que tiene su propia entrada.

Muchas recomendaciones se centran en mejorar los servicios de salud mental. Una evaluación reciente de 8,000 sujetos del distrito encontró que el 26 % de los estudiantes tenían un alto riesgo de estrés traumático. Cuando 48,000 estudiantes respondieron a las encuestas en 2017, el 19 % dijo haber sido intimidado en el último año.

El distrito tiene aproximadamente un trabajador social psiquiátrico por cada 1,600 estudiantes. La relación se reduce a uno en 500 cuando también se cuenta el personal que brinda servicios relacionados. El informe recomienda al menos un profesional de salud mental en cada escuela. Consciente del gasto que esto supondría, Feuer reconoció que encontrar el dinero sería difícil, e instó al sector privado y a otras agencias gubernamentales a ayudar.

Dentro del panel, el tema más debatido fue la política del distrito de realizar búsquedas diarias de detectores de metales manuales en escuelas secundarias y preparatorias. La mayoría quiere acabar con ellas. Y es que, según el informe, esto hace que “los administradores (y los padres) sientan que sus escuelas son más seguras, mientras que los estudiantes perciben sus escuelas como menos seguras y más propensas al desorden”. Este otoño, el distrito reducirá la frecuencia de las búsquedas a 10 días por mes en algunos campus.

Respecto a las armas de fuego, el informe no recomienda armar a maestros u otros empleados de la escuela, sino que impulsa una campaña de concientización pública para educar a las personas sobre las leyes que requieren que los adultos almacenen armas de fuego de forma segura, así como sobre el uso de órdenes de restricción que pueden prohibir que ciertas personas posean armas de fuego.

El panel quiere ver una mayor aplicación para mantener las armas lejos de aquellos que no pueden tenerlas, quizás con “datos de rastreo de armas de fuego y análisis de redes sociales para monitorear individuos de alto riesgo”. Otra recomendación es una nueva ley estatal que haría del almacenamiento inadecuado una base para prohibir la futura posesión de armas de fuego.

Durante dos meses, el panel celebró ocho reuniones municipales en todo el distrito y escuchó información de funcionarios públicos, miembros de la comunidad y expertos. Entre el grupo se encontraban estudiantes, activistas comunitarios, miembros del clero, expertos en salud mental y trabajo social y representantes de la comunidad empresarial, grupos laborales del distrito y agentes de la ley.

Entre los miembros del panel están: la excontroladora de la Ciudad de Los Ángeles Laura Chick, el ex juez retirado de la Corte Suprema de California Carlos Moreno y Earl Paysinger, un ex jefe adjunto de la policía de Los Ángeles que ahora es administrador sénior de la USC.

Ahora toca ver si las escuelas responden al informe y encuentran la forma de ser completamente seguras, labor que, lamentablemente, en un país con tan cómodo acceso a las armas de fuego, se antoja complicado.

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