La terrible verdad que llevó a un inmigrante a perder la ciudadanía
El juez le ordenó entregar su certificado y cualquier prueba sobre su naturalización
Prempeh Ernest Agyemang, originario de Ghana, fue admitido en los Estados Unidos en 1989, donde se casó con una estadounidense, quien tenía una hija.
Cuando la pequeña iba en cuarto grado, el padrastro comenzó abusar sexualmente de ella, a fines de 1999 o principios del 2000, en el mismo periodo en que estaba bajo juramento ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), donde negó haber cometido delito alguno.
El inmigrante obtuvo la ciudadanía, pero el 5 de noviembre de 2003 se declaró culpable de agredir sexualmente a su hijastra menor, es decir, cometió el delito antes de su naturalización.
El 8 de agosto, el juez James C. Dever del Tribunal del Distrito Este de Carolina del Norte emitió una orden que revocó la ciudadanía estadounidense para el inmigrante y lo prohibió reclamar cualquier derecho, privilegio o ventaja de la ciudadanía de Estados Unidos.
Además le ordenó entregar inmediatamente su Certificado de Naturalización y cualquier otro indicio de ciudadanía de los EEUU a las autoridades federales.
“El Departamento de Justicia está comprometido a preservar la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación y la corrección de los beneficios de inmigración del gobierno”, dijo el secretario de Justicia Auxiliar Interino, Chad A. Readler. “Vamos a perseguir agresivamente la desnaturalización de personas que mienten en sus solicitudes de naturalización o mienten durante la entrevista de naturalización”.
Las autoridades migratorias destacaron la decisión, que pusieron como ejemplo en su campaña contra inmigrantes que comentan algún delito o hayan mentido para obtener beneficios migratorios, como “green card” o la ciudadanía.
“Esta orden envía un mensaje claro a las personas que cometen cualquier tipo de delito sexual, particularmente aquellos que involucran a niños, durante el proceso de naturalización; lo investigaremos y lo buscaremos para garantizar que se haga justicia”, dijo el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Ronald Vitiello.
A esa postura se sumó el director de USCIS, Francis Cissna.
Este caso fue investigado por ICE y la Oficina de Litigación de Inmigración de la División Civil, entre otras dependencias.
Actualmente el gobierno tiene una lista de al menso 2,500 inmigrantes a quienes podría retirar la ciudadanía por diversos motivos.