California demanda de nuevo a Trump por negar fondos por ser estado santuario
La Administración Trump retiene fondos asignados a los estados y ciudades "santuario"
Angelinos se manifiestan a favor de la ley de "Estado santuario" de California. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
El fiscal general de California, Xavier Becerra, demandó hoy por segundo año consecutivo al gobierno del presidente Donald Trump por retener fondos federales bajo el argumento de que el estado no cumple con las pautas de colaboración para combatir la inmigración indocumentada.
“Las agencias de aplicación de la ley en California y en todo el país merecen acceso a estos recursos que son urgentemente necesarios para promover la seguridad pública, y continuaremos luchando en su nombre”, explicó Becerra en un comunicado.
La batalla legal que libra el estado es por los recursos que asigna el Congreso al estado y sus jurisdicciones locales por $28,9 millones de dólares en 2018.
En julio del año pasado, el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions anunció nuevos requisitos a las ciudades que reciben subvención del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG) como parte del castigo a las denominadas ciudades santuario.
Becerra interpuso la primera demanda el año pasado por los fondos retenidos en 2017 en un proceso que aún sigue abierto, por lo que los recursos aún no han sido desembolsados.
La pelea por los fondos también la están dando las ciudades, y este miércoles Los Ángeles presentó también su segunda demanda contra el Gobierno Trump y Sessions por retener más de un millón de dólares destinados a la seguridad de la urbe.
“Esta decisión del Gobierno Trump deja a nuestras comunidades más vulnerables”, insistió Becerra.
Las demandas exigiendo estos fondos están lloviendo en contra de la Administración, por todo el país.
Los fiscales de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Virginia y Washington se unieron en julio pasado para entablar una querella legal contra el Departamento de Justicia asegurando que el Gobierno Trump y el DOJ carecen de autoridad para imponer estas nuevas condiciones y castigar a los denominados estados “santuario”.
