Medida para desaparecer a consultores de migración que se fingen abogados, divide a latinos

Un proyecto de ley para desaparecer a los consultores de migración o notarios que ofrecen asesoría legal sin ser abogados ha dividido a los latinos en California. Organizaciones como CHIRLA y CARECEN, y algunos abogados la apoyan fuertemente para evitar que más inmigrantes sean víctimas de fraudes.

Pero al mismo tiempo, organizaciones como el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) y legisladores como Kevin de León y el líder de la bancada latina, Ben Hueso, se oponen porque consideran que estarían en riesgo miles de empleos.

Héctor Morales decidió ir a ver a una consultora de migración con oficinas cerca del parque MacArthur de Los Ángeles para ver si calificaba para la visa U que se otorga a las víctimas de un crimen.

“Ella es cristiana y tiene programas de radio. Le dijo a mi suegra que era abogada en migración”, recuerda.

“La consultora me dijo que sí calificaba para la visa U y que en nueve meses me llegaría. Me cobró 5,000 dólares. Tenía que darle mensualidades de 300 dólares y si me atrasaba me cobraba 25 dólares más”, expone.

Pero desesperado porque no avanzaba su caso, un día le exigió resultados y que hablara a las oficinas de migración en su presencia. “El agente de migración me dijo que ella no era abogada y no había hecho nada. Solo me había mandado tomar las huellas”, dice.

Le pidió a la consultora que le devolviera su dinero, o al menos la mitad. “Ella no me quiso dar nada porque dijo que había hecho su trabajo”.

Morales, residente de Anaheim, llevó su caso a CARECEN donde abogados de ese organism lo ayudaron a obtener su visa U.

“Pero esa mujer casi me hizo perderlo. Mi lucha ahora es para que no haya más personas afectadas por consultores de migración o notarios que se hacen pasar por abogados”, observa.

El proyecto de ley

Después de estar estancado por casi un año, un proyecto de ley para prohibir la figura de los consultores de migración en California, a menos que se trate de un abogado o representante acreditado por las leyes federales, será llevado a votación en el pleno del Senado en las próximas horas.

La AB 638 de la asambleísta demócrata de Salinas, Ana Caballero, busca combatir el fraude migratorio, parar la práctica no autorizada del derecho, regular a los proveedores de servicios de migración y agregar protecciones al consumidor que necesita asistencia en materia migratoria.

Concretamente a partir de enero de 2020, esta medida haría ilegal actuar como consultores de migración a quienes no estén autorizados para practicar el derecho en este estado y para representar a otros bajo las leyes federales en un asunto de migración.

Requerirá que la Secretaría de Estado en coordinación con algunas agencias estatales, desarrollen un sitio web con la información de las personas acreditadas para proveer servicios de migración bajo las leyes federales.

“Las leyes de California han incrementado la capacidad de organizaciones no lucrativas acreditadas a nivel federal y con abogados para que atiendan legalmente los casos de inmigrantes. ¿Por qué no se exige ese mismo requisito a los consultores de migración?”, cuestiona Joseph Villela, cabildero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Dice que confían que la medida sea aprobada en el Senado y hecha ley, porque se trata de proteger a los consumidores. “Sus casos en manos de gente que no está autorizada a nivel federal tienen consecuencias irreparables”, indica.

“Los consultores de migración que prestan asesoría legal no solo violan la ley al practicar leyes sin autorización sino que cobran más o al mismo nivel de un abogado. Ponen sus ganancias por encima de las vidas de la comunidad inmigrante”, asevera. Y deja en claro que el único papel de un consultor de migración es llenar formularios, no dar ningún consejo legal.

Después de que no obtuvo su dinero de regreso, Héctor Morales demandó a la consultora de migración que lo estafó.

El abogado Alan Diamante, quien demandó a dicha consultora de migración y a otro consultor por fraude migratorio, precisa que muchos se registran ante el estado como consultores de migración, dan asesoría jurídica y cobran como abogados, lo cual es ilegal porque no están autorizados por las leyes federales.

“Muchos consultores de migración y notarios se aprovechan de la falta de información e ignorancia de los inmigrantes, y les dicen que les pueden arreglar sus casos. Cuando los inmigrantes se dan cuenta que no son perjudicados por los consultores, la mayoría no hacen nada por miedo”, se lamenta.

En contra de la medida

Miguel Ángel Pérez, presidente de COFEM dijo que se oponen porque dejaría a una gran mayoría de la comunidad sin el acceso a servicios de bajo costo para llenar sus solicitudes.

“Desafortunadamente esto daría a algunos abogados y organizaciones, una manera de monopolizar este negocio”, dijo.

“Hay que recordar que gracias a los notarios se pudo apoyar a nuestra comunidad en los años 80s durante la Amnistía. En aquellos tiempos eran muy mínimos los abogados de migración y no se diga de organizaciones. Todo fue tarea de iglesia y notarios”, indicó.