Fuerte preocupación por las políticas de inmigración del sheriff de Los Ángeles

Exigen a los supervisores que se deje de colaborar con el ICE y no les den acceso en las cárceles del condado
Fuerte preocupación por las políticas de inmigración del sheriff de Los Ángeles
Sheriff Jim McDonnell dijo haber trabajado de la mano con quienes idearon la SB54. / foto: Aurelia Ventura.
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinion

Alrededor de 35 organizaciones enviaron una carta abierta a los supervisores del condado de Los Ángeles para expresar su preocupación por las políticas de migración puestas en marcha por el sheriff Jim McDonnell, ya que aseguran, dañan a los residentes.

El sheriff respondió diciendo que la carta abierta a la Junta de Supervisores no contiene todos los hechos. “Siempre he sido un fuerte defensor de los derechos de la gente. Como primera generación, hijo de inmigrantes, entiendo los desafíos de las comunidades migrantes y la importancia de construir la confianza pública”, dijo.

En la misiva, se incluyen una serie de recomendaciones sobre el tema migrante tanto para el sheriff como para la Comisión de Revisión Civil del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

De acuerdo a los firmantes, el sheriff McDonnell, ha adoptado y defendido políticas que involucran al condado en la ejecución del control migratorio, y que afectan la seguridad de los residentes del condado.

“Nuestras preocupaciones se han incrementado a la luz de las recientes prácticas de ICE que se enfocan en los residentes del condado de Los Ángeles, incluyendo un operativo de captura de 150 residentes a principios de mes”, indican.

Pero también a partir de la oposición del sheriff McDonnell y la Asociación Nacional de Sheriffs a la ley Santuario de California.

Al mismo tiempo, están preocupados por la asistencia voluntaria para ejecutar las leyes federales de migración, lo cual le resta mérito a la misión del condado de crear comunidades seguras, agota los recursos del LAS, y hace difícil establecer y mantener la confianza de los residentes hacia el sheriff. Además de que puede conducir al perfil racial.

Qué se pongan límites

Las organizaciones indican en la carta, que por estas razones, el estado explícitamente ha limitado la participación en la ejecución de acciones migratorias, para que no sean agentes de migración.

De acuerdo a los firmantes, el sheriff McDonnell ha facilitado activamente la transferencia de inmigrantes a las autoridades de migración, dándoles acceso a la base de datos del condado y compartiendo información acerca de quienes van a salir de la cárcel o de la corte para que el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) se los lleve bajo custodia.

La información más reciente indica que el LASD ha transferido más de 2,100 residentes a la custodia de ICE entre 2016-2017. “La mayoría de los transferidos tenían condenas por ofensas menores que no son violentas”, dicen.

Y enfatizan que esto representa un conflicto directo a los intereses declarados por  los funcionarios electos del condado.

Añaden que el sheriff McDonnell, ha garantizado al ICE una presencia permanente continua dentro de la cárcel, desde el 18 de octubre de 2018.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles ha participado en operaciones conjuntas con el ICE, las cuales facilitan el cumplimiento de las políticas de migración.

“Ahora estamos viviendo un momento crítico y único. Las autoridades federales de migración han fortalecido su blanco contra las comunidad inmigrantes, confiados en la cooperación creciente de las autoridades locales para llevar a cabo su agenda deportadora”, indican.

“Nuestras comunidades se encuentran bajo ataque, y necesitan que nuestros líderes locales se comprometan a estar de pie con los inmigrantes y no participar en detenciones y deportaciones”, remarcan.

El sheriff se defiende

El sheriff McDonnell precisó que cuando fue electo sheriff, creó una nueva política que prohíbe que los agentesl del sheriff pregunten sobre el estatus de migración.

“Mi administración puso fin al nombramiento de personal del LASD para servir como oficiales de migración. El impacto fue sustancial. De 2014 a 2017, el número de presos transferidos al ICE cayó 84% comparado con los tres años previos de su administración”, dijo.

“Mi equipo y yo personalmente trabajamos con el senador De León y el gobernador Brown para asegurar que la ley SB 54, llamada Ley Santurio, balanceara la seguridad pública con la confianza pública”, señaló

Y explicó que básicamente la SB 54 creada para proteger los derechos legales de la comunidad inmigrantes, se enmendó basado en las prácticas del Departamento del Sheriff para que los agentes de inmigrantes tuvieran solo un acceso a los inmigrantes, estrictamente limitado a lo marcado por la ley.

Peticiones

Entre las recomendaciones para el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, destacan:

  • No gastar recursos locales en el control migratorio.
  • No transferir individuos al ICE a menos que sea requerido por la ley.
  • No permitir al ICE el acceso a las cárceles si no tienen una orden judicial válida.
  • No participar en control migratorio criminal.
  • No responder a las peticiones de ICE para asistencia de campo.
  • No participar en operativos conjuntos de migración.
  • No perseguir agresivamente ofensas menores.
  • Publicar reportes mensuales con relación al control migratorio.
  • Desarrollar recursos disponibles con relación a migración.
  • Limitar la recolección de información personal para ser usada con propósitos de migración, incluyendo la fecha de nacimiento.
  • No compartir información con las autoridades de migración a menos que sea requerido por la ley.

Entre las organizaciones firmantes, aparecen la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California (ACLU) la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), CARECEN, el Centro de Políticas para los Migrantes de California (CIPC), la Alianza de Justicia para los Jóvenes Inmigrantes (CIYJA), la Community Coalition, Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), entre muchas otras.

La Opinión pidió a la supervisora Hilda Solís su opinión sobre las exigencias de las organizaciones legales, de fe, comunitarias y pro inmigrantes, pero su oficina respondió que no tenían comentarios.