Acusan que fueron torturados 70 personas por el caso Ayotzinapa

MÉXICO – A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al menos 70 detenidos fueron torturados o recibieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, advierte la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo presentó la recomendación 15VG/2018, por violaciones graves en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Fuentes de la propia CNDH destacaron que dentro de las casi 2 mil hojas que conforman la recomendación se menciona la tortura a los detenidos.

Anteriormente, en el informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) había advertido evidencias de tortura en 34 detenidos.

La conferencia estuvo encabezada por el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, junto con José Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala que abrió la CNDH.

González Pérez se había comprometido a presentar esta recomendación antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien este sábado deja de ser el Presidente de la República.

La recomendación fue presentada por personal de la CNDH el lunes pasado a los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Anteriormente, Larrieta había adelantado que la recomendación señalaría a los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas.

Crimen cooptó a autoridades por Iguala

Sin hacer referencia al posible destino de los normalistas de Ayotzinapa, el Ombudsman señaló que la verdad que la CNDH encontró de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, es que el crimen cooptó a autoridades federales, estatales y municipales.

“La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”, refirió.

“(También) la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”.

El Ombudsman consideró que el poco profesionalismo de la PGR derivó en que se subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales, así como haber ignorado material encontrado en una bolsa encontrada en el Río San Juan.

En dicha bolsa había tres porciones petrosas, así como 53 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para determinar si se trataba de los normalistas desaparecidos.

“Cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes”, dijo el Ombudsman.

“Del mismo modo, no se ha investigado la actitud omisa o tolerante de autoridades de distintos niveles y órdenes de Gobierno”.

Sin entrar en detalles, el Ombudsman consideró que la verdad es una víctima más del caso Iguala, pues las autoridades difundieron declaraciones sesgadas o dieron información falsa que confundió y generó incertidumbre en torno al caso.

“Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados”, lamentó.

“Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno”.

González Pérez advirtió que corresponderá al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador enderezar y continuar las investigaciones penales del caso.