Sigue en aumento número de inmigrantes en centros de detención

WASHINGTON — La “mano dura” de la Administración Trump ha aumentado el número de inmigrantes en centros de detención en EEUU,  sobre todo en cárceles privadas, manteniendo una tendencia de los últimos 20 años, según denunció un informe divulgado este miércoles por el “American Immigration Council” (AIC).

El informe, titulado “Panorama de la detención de inmigrantes en Estados Unidos”,  pinta un panorama sombrío para las decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera sur huyendo de la violencia y pobreza en sus países de origen.

El informe fue divulgado en unos momentos en que la Administración Trump exige que el Congreso apruebe más fondos para la detención de inmigrantes indocumentados, y que elimine los “resquicios legales” que, a su juicio, alientan la emigración ilegal hacia EEUU.

En la actualidad, el Congreso mantiene una cuota diaria de al menos 34,000 camas en los centros de detención, pero la Administración Trump quiere ampliarla para alojar a más inmigrantes.

Aunque analizó en particular las cifras del año fiscal 2015 –año del que se tienen las cifras publicadas más completas-, el documento también ofrece un vistazo al efecto de las prácticas migratorias de la Administración Trump.

Desde 1996, el número de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera ha aumentado de forma drástica y sin interrupciones. Por ejemplo, en cualquier día del año en 1994, el gobierno arrestaba a un promedio de 6,785 extranjeros indocumentados, pero dos décadas después, esa cifra superó los 33,200 detenidos.

Para el año fiscal 2017, que incluyó los primeros nueve meses del presidente Donald Trump en el poder, el promedio de inmigrantes enviados a diario a centros de detención sobrepasó los 38,100, lo que representa un incremento de más de cinco veces entre 1994 y 2017.

Si en noviembre de 2017, el promedio diario de los inmigrantes en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) fue de 39,322, para el pasado 20 de octubre, la cifra fue de 44,631, dijo a los periodistas Kathryn Shepherd, abogada del “American Immigration Council”.

Shepherd no quiso especular sobre el impacto que pueda tener la crisis en la frontera sur en el aumento en las detenciones, pero enfatizó que todo solicitante de asilo tiene derecho al debido proceso y, como parte de una población vulnerable, no debe estar en un centro de detención.

Preguntada por este diario, una coautora del informe, Emily Ryo, explicó que la principal diferencia respecto a la Administración Obama, es que la de Trump se ha apoyado en las detenciones como estrategia clave para disuadir los cruces ilegales.

“Eso significa que ha habido una ampliación de las categorías de las personas vulnerables a la detención… por ejemplo, mujeres embarazadas, que en el pasado no eran sujetas a la detención salvo en circunstancias extraordinarias”, y ciertos refugiados vietnamitas, precisó Ryo, profesora en la Facultad de Leyes Gould de la Universidad del Sur de California.

La “edad moderna” de la detención de inmigrantes en EEUU comenzó tras la adopción de dos leyes federales en 1996 que, para efectos prácticos, ampliaron tanto el tipo de infracciones criminales que pueden suscitar la deportación como las categorías de extranjeros sujetos a la detención mientras aguardan su expulsión del país.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende la práctica de la detención de inmigrantes y las condiciones en esas instalaciones, el informe destacó que éstas no han estado libres de controversia no sólo por su alto costo sino también por las numerosas quejas por violaciones de los derechos civiles y humanos de los inmigrantes.

El año fiscal 2015 como microcosmo

El “American Immigration Council” analizó las cifras del año fiscal 2015 porque fue el último año del que el gobierno ha suministrado un informe exhaustivo sobre cuántos y quiénes han sido los detenidos, adónde fueron trasladados, y qué suerte corrieron tras su detención inicial.

Cerca del 79% de los 355,729 inmigrantes detenidos en el año fiscal 2015 fueron hombres, con una edad promedio de 28 años, pero más del 59,000 de los detenidos, o el 17% del total, fueron menores de edad.

Ese año, los inmigrantes mexicanos indocumentados conformaron cerca del 43% de los detenidos, mientras que los del Triángulo del Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador–, fueron el 46%.

El informe indicó que en 2015, ICE se apoyó en 638 instalaciones en todo el país para detener a los inmigrantes, aunque con frecuencia los trasladó a varios centros de detención, incluyendo a algunos a cargo de empresas privadas o en zonas remotas lejos de sus familiares y redes de ayuda legal.

Alrededor del 67% de los detenidos fueron enviados en al menos una ocasión a una cárcel privada, mientras que un 64% fue enviado al menos una vez a instalaciones fuera de zonas urbanas.

Aunque ICE utilizó una o más instalaciones en cada estado, Texas y California tuvieron el mayor número de instalaciones, seguidos por Florida, Nueva York, y Arizona, en ese orden.

Texas y California también encabezaron la lista de estados con el mayor número de detenidos en 2015, seguidos por Arizona, Louisiana y Nuevo México.

Por otra parte, el análisis indicó que el 48% de los detenidos estuvo en al menos una ocasión en una instalación a más de 60 millas de distancia de un abogado especializado en casos de deportación, mientras que un 26% y un 22% de los detenidos estuvieron a más de 90 millas y 120 millas de distancia, respectivamente.

De entre los 261,020 adultos que salieron en libertad en el año fiscal 2015, el tiempo promedio que pasaron detenidos fue de alrededor de 38 días, y más de 87,000 tuvieron detenciones superiores a los 30 días.

Los inmigrantes trasladados a instalaciones privadas o alejadas de áreas urbanas por lo general afrontaron una detención “significativamente prolongada”, dijo AIC.

Tampoco causó sorpresa que el número de quejas fue mayor en ese tipo de instalaciones en el  año fiscal 2015, cuando ICE recibió más de 47,000 quejas, principalmente por la falta de acceso a un abogado o a información sobre los casos pendientes, y la separación de sus familiares .

En conferencia telefónica, Guillermo Cantor, director de investigación de AIC, dijo que el estudio, como mínimo, sugiere que los centros de detención a cargo de empresas privadas y en zonas remotas requieren un “escrutinio especial”, debido a su historial de detenciones prolongadas y alto número de quejas.

Ese escrutinio arrojaría luz en los “continuos asuntos humanitarios y legales en torno a la detención de inmigrantes”, manifestó.

De ese total de quejas de detenidos y miembros de la comunidad, 47,145 estaban relacionadas con 304 instalaciones usadas por ICE, incluyendo algunas para menores de edad, según datos recabados por “Human Rights Watch”.

Si el gobierno federal aumenta la detención de inmigrantes, como lo ha hecho hasta ahora, lo más probable es que se agrave el caos en los traslados de detenidos, y los problemas en los centros de detención, advirtió Ryo.