Esperanza para una mamá salvadoreña

Hace 17 años Liz Alvarado dejó su natal El Salvador para proveerle un mejor futuro a su hijo, Manuel Alvarado, a quien dejó con un familiar cuando él solo tenía 4 años de edad. ¿Su destino? Estados Unidos donde se reuniría con su esposo.

Todo estaba tranquilo, hasta que en 2015 Manuel —quien entonces cursaba la secundaria— estuvo a punto de ser atacado y secuestrado por un grupo de hombres en motocicletas que interceptaron al camión que lo llevaba a la escuela. Viajaba junto a otros tres compañeros.

“Los siguieron por un desvío, donde no hay muchas casas y todos los estudiantes se dispersaron”, recordó su madre de la narración que le dio Manuel.

“Mi hijo se escondió en una gasolinera con un compañero. Fue algo horrible lo que él me cuenta”.

No obstante, el ataque tuvo consecuencias. Alvarado dijo que nunca volvieron a saber nada de uno de los compañeros que iba en el camión.

“Lo único que supe es que ya no lo encontraron y nosotros perdimos la pista con todos ellos”, añadió la mujer de 37 años de edad.

Fue luego de ese trauma que sufrió Manuel y del cual todavía tiene secuelas, que Alvarado y su esposo Manuel Rivas —quien es beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS)— decidieron abrir una petición para el joven mediante el Programa de Refugio y Permiso para Menores de Centroamérica (CAM).

¿Qué es CAM?

Dicho programa, aprobado por el presidente Obama en el 2014, daba la oportunidad a los padres salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que residen en Estados Unidos—con ciertos tipos de estatus legal—pedir a los hijos que vivían en sus países de origen para que lleguen a EEUU con un estatus de refugiado.

Alvarado contó que comenzaron el proceso en 2016 y todo parecía ir muy bien. El joven se hizo todos los exámenes de laboratorio necesarios y solo esperaba una última cita.

“Después ya no le llamaban [para la cita] y empezamos a pensar , ¿qué vamos a hacer?”, dijo y contó que estaba preocupada.

La cita nunca llegó. Poco después Alvarado se enteró por las noticias que el presidente Trump había cancelado el programa CAM en 2017.

“Fue muy triste cuando nos enteramos y después fuimos a la oficina [del abogado] y nos dijeron que sí, [que CAM] estaba bloqueado”, narró la madre.

Inicialmente dice que su hijo se sintió muy frustrado puesto que ya había provisto toda la información de sus atacantes.

“Él ahorita esta en la capital [San Salvador] y continua estudiando en la universidad”, dijo su mamá y anadió que el joven acaba de cumplir 22 años.

Casos estancados

El caso de Manuel Alvarado es uno de más de 2,700 casos estancados tras el bloqueo por parte de la Administración Trump, que se dio oficialmente en agosto de 2017.

La decisión del presidente afectó a miles de niños y adolescentes que ya habían pasado meses o años procesando su solicitud y habían sido aprobados por el Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) para reunirse con sus padres en este país.

Algunos de los niños estaban a unos días o semanas de reunirse con sus padres, incluso ya habían comprado boletos de avión cuando la Administración Trump cerró “secretamente” el programa CAM, explicó el Proyecto para la Asistencia Internacional a los Refugiados (IRAP).

Lilian Alba, Directora del programa de reasentamiento con el Instituto Internacional de Los Ángeles, estima que California es uno de los estados donde había más casos abiertos.

“Solo en nuestra organización estamos llevando 600 casos. Es un número muy alto”, indicó.

Se abre una puerta

Para el asombro de muchos, este lunes se anunció que un tribunal federal del norte de California ordenó al gobierno de Estados Unidos reanudar el procesamiento de estas solicitudes.

Esta decisión se dio tras el hallazgo en diciembre de 2018, por parte de la Juez de Primera Instancia, Laurel
Beeler, que la revocación masiva del programa CAM por parte del gobierno fue ilegal.

La decisión de la jueza Beeler el 1 de marzo reconoció que la acción del gobierno estaba causando un “daño irreparable” a los demandantes al prolongar la separación de los niños de sus padres y evitar que los niños escapen de un peligro que amenaza la vida.

El tribunal determinó que el gobierno no había demostrado que sufriría ninguna dificultad si se reanuda el procesamiento de la solicitud.

Alba dijo que con esta nueva orden del tribunal federal se esta dando un paso adelante hacia la dirección correcta.

“Vimos que son casi 3.000 jóvenes y niños de quienes sus casos fueron revocados o cerrados sin mérito porque ellos ya habían demostrado que tenían una razón adecuada por razones humanitarias para poder venir al país”, dijo Alba aseverando que ahora estos menores quedaron en el limbo.

“Lo que vimos también es que muchos de estos jóvenes compartieron información que los comprometía y que los pusieron en un peligro más grande”, explicó Alba. “Porque durante las entrevistas ellos tenían que hablar de lo que les estaba pasando directamente y en muchos casos ellos identificaron o dieron nombres de las personas que los habían estado acosando, abusando o maltratando”.

Alba dijo que ahora estos mejores están enfrentándose a nuevos riesgos ya que su información declarada sobre las maras y otros peligros pudiera caer en manos incorrectas.

“Ellos dieron la información con la esperanza que el gobierno de Estados Unidos los iba a proteger”, dijo Alba.

No obstante, dijo que Trump puede enmendar su error ya que él mismo dijo en su reciente presentación del Estado de la Unión que quiere que los inmigrantes lleguen de forma legal a Estados Unidos.

“Entonces esperamos que bajo ese mensaje que dio que realmente se respete y que estos jóvenes tengan la oportunidad de forma legal”, dijo Alba.

La administración Trump hasta el 21 de marzo para presentar un plan para procesar las solicitudes de los niños.

El caso S.A. v. Trump fue entablado por 12 niños y padres solicitantes al programa de libertad condicional de CAM y la organización comunitaria CASA.

Para más información sobre los padres e hijos elegibles para elprograma CAM visita: www.uscis.gov/es/CAM