México discute pros y contras de quitar al presidente y consultas ciudadanas

Si se consolida la Reforma en el Senado, se permitiría al primer mandatario mexicano y al Congreso, convocar para la revocación de mandato del presidente de la República
México discute pros y contras de quitar al presidente y consultas ciudadanas
México evalúa pros y contras.
Foto: Getty Images

MEXICO.- Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la revocación de mandato para el presidente y gobernadores así como las consultas ciudadanas ––dos de las herramientas más representativas de la democracia directa promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador–– la nueva medida se encuentra en manos del Senado. El debate de dicha medida tiene promotores y opositores con argumentos reacios para los próximos días.

A FAVOR

–– Mejoraría a los gobernantes

Los legisladores de Morena, que cuentan con mayoría en el Congreso, afirman que obligaría a  los mandatarios a tener una buena administración o serían cesados. “Lo que está diciendo es que el pueblo pone y el pueblo quita”, advirtió Dante Delgado, coordinador del partido en la Cámara Baja.

––Ciudadanía más madura

Las consultas ciudadanas dan una mayor legitimidad a las decisiones, además de que tener un efecto “educativo”, coinciden analistas como  la ex consejera electoral de la CDMX,  Yuri Beltrán.  Tarde o temprano la gente se da cuenta  que si no participa entrega poder a otros en temas que le afectan”.

–– Evita la inacción

Hay problemas en que los funcionarios públicos no quieren resolver debido a los altos costos políticos o las divisiones sociales. “En estos casos es muy positivo poner en manos de los consultados la resolución”, observó Nicolás Loza, analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. “También da oportunidad a los ciudadanos de llevar temas propios a discusión”

EN CONTRA

––Falta discusión en puntos clave

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que se ha opuesto abiertamente a la revocación de mandato, pidió al congreso discutir sobre qué haría el país si el electorado decide revocar al jefe del ejecutivo.

“El costo de una nueva elección presidencial y la inestabilidad política que generaría el vacío de poder no puede tomarse a la ligera”.

Otro tema que aún está en el aire, es la determinación de quién organizaría las consultas ciudadanas. En el caso de las que ha organizado AMLO como presidente, su gobierno ha sido juez y parte. “Los legisladores están dejando que la organización quede a discreción de la autoridad”, advirtió el analista Loza.

––El presidente y la reelección

Este fue uno de los principales temas de la oposición (PRI, PAN y PRD): la revocación de mandato permitiría que el presidente hiciera campaña para sí y su partido. Por otro lado, hay miedos por precedentes en países latinoamericanos (Cuba, Bolivia o Venezuela) donde la revocación de mandato sirvió para justificar la reelección aunque AMLO ha dicho que no buscará la reelección.

––Manipulación y consultitis

Algunos de los vicios en los que han caído democracias como California o Suiza (afectas a las consultas) es el abuso de éstas. Loza subraya que incluso algunas decisiones clave no se pueden tomar porque tienen que consultar o los resultados son contrarios al trabajo de años en la administración pública y perjudican la gobernabilidad.

ALGUNAS REGLAS PREVISTAS

Si se consolida la Reforma en el Senado, se permitiría al primer mandatario mexicano y al Congreso (con el 33% de legisladores) convocar para la revocación de mandato del presidente de la República o gobernadores el mismo día de las jornadas electorales que organiza el Instituto Federal Electoral y serían vinculante si participa al menos 48% del electorado.

Para el caso de las consultas populares, se reduciría el porcentaje del número de firmas requeridas de los electores para que éstos puedan solicitar al Legislativo federal la realización de estos ejercicios (del 2.0 al 1.0%) de la lista nominal y los resultados serán vinculatorios para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y autoridades competentes cuando la participación sea mayor al 25%.