Comienza juicio por demanda contra ICE sobre detenciones erróneas

Un latino fue arrestado por un cargo relacionado con posesión de drogas, y aunque era elegible para salir bajo fianza, se mantuvo confinado por una orden de retención del ICE
Comienza juicio por demanda contra ICE sobre detenciones erróneas
Si un indocumentado es detenido por ICE no debe firmar documento alguno.
Foto: ice.gov

El juicio contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una demanda colectiva conocida como González v. ICE, comenzó este martes en Los Ángeles, California, en medio de un nuevo impulso de esta agencia federal de colaboración con autoridades policiales.

La corte del juez André Birotte Jr. escuchó las presentación de la querella, que está encabezada por Gerardo González Jr., un ciudadano estadounidense que nació en Pacoima, California, y estuvo retenido por órdenes de inmigración.

En diciembre del 2012, González fue arrestado por un cargo relacionado con posesión de drogas, y aunque era elegible para salir bajo fianza, se mantuvo confinado por una orden de retención del ICE, pues un oficial local anotó erróneamente que el hispano había nacido en México.

En la primera queja presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en junio del 2013, González aún se encontraba en prisión.

En sus argumentos, los abogados de ACLU advierten que la práctica de ICE ocasiona la detención de miles de personas cada año en una clara “violación de la Cuarta y la Quinta Enmiendas”, y la Cláusula de Debido Proceso de la Enmienda.

A nivel nacional, entre el año fiscal 2008 y el inicio del año fiscal 2012, ICE emitió detenciones de inmigración en busca de retener y encarcelar a casi un millón de personas.

Solo en 2012, su oficina en Los Ángeles emitió más de 39.000 órdenes de detención, advierten los abogados en la demanda.

Simon Chinivizyan supuestamente fue otro afectado de esta política de ICE y también está nombrado en la querella.

Chinivizyan es un ciudadano estadounidense que fue detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles únicamente para cumplir una orden de la agencia federal, que pidió a los alguaciles locales que se mantuviera al demandante 48 horas privado de su libertad.

ACLU asegura que los agentes de inmigración no hablan con las personas ni revisan sus archivos.

“Sin embargo, se les ha dado el poder, con solo hacer clic en un botón y desafiando a la Cuarta Enmienda, para que arresten y encarcelen a las personas”, aseguró en un comunicado la organización.

La demanda busca frenar las acciones del ICE en al menos 42 estados.

Se espera que las partes terminen de exponer su caso a finales de mayo.