Control de renta reduciría desalojos e indigencia en Los Ángeles

Un estudio asegura que controlar el precio de los alquileres prevendría que más angelinos terminen en la calle
Control de renta reduciría desalojos e indigencia en Los Ángeles
El informe alerta que los desalojos pueden causar pérdidas de trabajo y de otros bienes de los inquilinos.
Foto: Jasper Juinen/Getty Images

El control del precio de los alquileres y leyes que protejan a los inquilinos reducirían el creciente número de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles, según un estudio dado a conocer hoy.

El informe, Price Out, Pushed Out, Locked Out, de la Facultad de Derecho de La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la organización legal sin ánimo de lucro Public Counsel, asegura que la implementación de una ordenanza para controlar los alquileres en el condado protegería a más de 403.000 personas.

El informe se conoce en un momento en el que las autoridades angelinas buscan medidas para frenar el aumento de personas que viven a la intemperie.

El censo de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles del 2019 reveló que casi 59.000 personas viven actualmente en la calle, un aumento del 12 % con respecto al año pasado, cuando fueron 52.765.

El informe resalta que solo entre 2010 y 2018, los propietarios de viviendas en alquiler presentaron 505.924 procesos de desalojo ante los tribunales del condado, un número que no incluye las expulsiones que no son reportadas.

Public Counsel y la Facultad de Derecho de UCLA definen la cifra como “impactante” y “asombrosa”.

El informe alerta que los desalojos pueden causar pérdidas de trabajo y de otros bienes de los inquilinos, además de consecuencias para la salud física y mental, incluyendo ansiedad, depresión, abuso de sustancias e incluso el suicidio.

También recalca que el 53% de las personas que se vieron obligadas a vivir en la calle por primera vez dijeron que las “dificultades económicas” les empujaron a esas condiciones.

La principal conclusión de los autores del informe es que la protección legal de los inquilinos prevendría que más personas pierdan la vivienda en la que habitan.